Más perlas en la UNP. La Contraloría General de la República detectó que en los años 2022 y 2023 se pagaron asignaciones económicas a las máximas autoridades de la Universidad nacional de Piura (UNP), a pesar que la ley no lo permitía, lo que generó un perjuicio económico a la entidad por S/ 984 232. Entre los responsables sobre estos presuntos pagos irregulares se encuentra el ex rector de esta casa de estudios, Omar Vences Martínez y el actual rector, Santos Montaño Roalcaba.

De acuerdo con el informe N° 028-2024-2-0203, emitido el 26 de julio del presente año, se advirtió que se otorgó asignaciones económicas a decanos, director de la Escuela de Posgrado y autoridades de la Universidad Nacional de Piura, a pesar de la prohibición de incremento de ingresos en el sector público establecida en la normativa presupuestal.

Según el informe, entre el periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, en la UNP se autorizó y pagó una asignación adicional por productividad y alta responsabilidad a 14 decanos y al director de la escuela de posgrado por S/ 3500 mensuales.

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Además, entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, se autorizó el pago de una asignación económica adicional por productividad y alta responsabilidad, en condición de máximas autoridades de gobierno, al rector y vicerrectores de esta casa superior de estudios.

La comisión de auditores detectó que en el caso de la asignación económica a los 14 decanos y director de la Escuela de Posgrado, para el año 2022, fue autorizado mediante la resolución directoral N° 0903-R-2022 del 28 de mayo del 2022, y la renovación del pago para dicha asignación para el año 2023, se hizo con resolución N° 0041-R-2023 del 17 de enero de 2023.

Y para el segundo pago para  el rector y vicerrectores se hizo con resolución N° 043-R-2023.

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Ambos pagos, según la comisión de auditores, transgredieron la Ley Universitaria, la Ley de Presupuesto del sector público para el año 2022 y 2023, entre otras normas.

Subrayan, que dichos pagos presuntamente irregulares, se originaron por la actuación de funciones y servidores que realizaron la tramitación y emisión de los documentos resolutivos mediante los cuales se autorizó el otorgamiento de asignaciones económicas a favor de las máximas autoridades de la UNP.

También tendría responsabilidad el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien emitió un informe y permitió el pago de las mencionadas asignaciones, pese a la prohibición establecidas en las leyes de presupuesto.

“Los hechos descritos, han afectado a los intereses de la Universidad, toda vez que se ha llevado a cabo el desembolso de fondos públicos, lo que ha generado un perjuicio económico de S/ 984 232″, se lee en el informe de Contraloría.