Más perlas en la UNP. La Contraloría General de la República detectó que en los años 2022 y 2023 se pagaron asignaciones económicas a las máximas autoridades de la Universidad nacional de Piura (UNP), a pesar que la ley no lo permitía, lo que generó un perjuicio económico a la entidad por S/ 984 232. Entre los responsables sobre estos presuntos pagos irregulares se encuentra el ex rector de esta casa de estudios, Omar Vences Martínez y el actual rector, Santos Montaño Roalcaba.
De acuerdo con el informe N° 028-2024-2-0203, emitido el 26 de julio del presente año, se advirtió que se otorgó asignaciones económicas a decanos, director de la Escuela de Posgrado y autoridades de la Universidad Nacional de Piura, a pesar de la prohibición de incremento de ingresos en el sector público establecida en la normativa presupuestal.
Según el informe, entre el periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, en la UNP se autorizó y pagó una asignación adicional por productividad y alta responsabilidad a 14 decanos y al director de la escuela de posgrado por S/ 3500 mensuales.
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Además, entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, se autorizó el pago de una asignación económica adicional por productividad y alta responsabilidad, en condición de máximas autoridades de gobierno, al rector y vicerrectores de esta casa superior de estudios.
La comisión de auditores detectó que en el caso de la asignación económica a los 14 decanos y director de la Escuela de Posgrado, para el año 2022, fue autorizado mediante la resolución directoral N° 0903-R-2022 del 28 de mayo del 2022, y la renovación del pago para dicha asignación para el año 2023, se hizo con resolución N° 0041-R-2023 del 17 de enero de 2023.
Y para el segundo pago para el rector y vicerrectores se hizo con resolución N° 043-R-2023.
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Ambos pagos, según la comisión de auditores, transgredieron la Ley Universitaria, la Ley de Presupuesto del sector público para el año 2022 y 2023, entre otras normas.
Subrayan, que dichos pagos presuntamente irregulares, se originaron por la actuación de funciones y servidores que realizaron la tramitación y emisión de los documentos resolutivos mediante los cuales se autorizó el otorgamiento de asignaciones económicas a favor de las máximas autoridades de la UNP.
También tendría responsabilidad el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien emitió un informe y permitió el pago de las mencionadas asignaciones, pese a la prohibición establecidas en las leyes de presupuesto.
“Los hechos descritos, han afectado a los intereses de la Universidad, toda vez que se ha llevado a cabo el desembolso de fondos públicos, lo que ha generado un perjuicio económico de S/ 984 232″, se lee en el informe de Contraloría.
La Contraloría detecta el pago irregular de asignaciones en la Universidad Nacional de Piura
El órgano de control advirtió que, durante los años 2022 y 2023 se pagaron asignaciones económicas a autoridades