Entre los funcionarios con responsabilidad penal que detectó la Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Nacional de Piura se encuentra el exrector encargado de esta casa de estudios, Omar Vences Martínez.
Entre los funcionarios con responsabilidad penal que detectó la Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Nacional de Piura se encuentra el exrector encargado de esta casa de estudios, Omar Vences Martínez.

A cinco meses de la denuncia difundida por Correo sobre el pago en tiempo récord que realizó la Universidad Nacional de por el servicio fantasma del “Mantenimiento, habilitación y digitalización de la información en los sistemas informáticos del archivo central de la UNP”, por un valor de cerca de 400 mil soles, la Contraloría corroboró y confirmó la denuncia. Recordemos que en este servicio especializado aparecían entre los trabajadores conserjes, secretarias, periodistas, familiares y exvecinos de las autoridades de esta casa superior de estudios.

De acuerdo al informe 004-2023-2-0203 de la Oficina de Control Interno de la UNP sobre el servicio de “Mantenimiento, habilitación y digitalización de la información en los sistemas informáticos del archivo central de la UNP”, se determinó que esta casa de estudios en el año 2021 autorizó el gasto prescindiendo del procedimiento de selección y efectuó el pago sin el sustento requerido por la normativa y sin acreditar la prestación efectiva del servicio, ocasionando un perjuicio económico de S/ 396.500.

Los auditores detectaron que mediante resolución rectoral 154-R-2021 del 4 de noviembre del 2021, se aprobó y autorizó el pago a 61 proveedores del servicio; sin embargo, se realizaron pagos a personas no incluidas en dicha resolución.

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“...situación que benefició indebidamente a terceras personas con el pago de un servicio que no se evidencia que se haya realizado”, precisa el informe de Contraloría.

Además, se detectó que el mencionado servicio no se encontraba incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la UNP del año 2021.

“(...), es decir, pese a tener la posibilidad de incluir dicho servicio en el indicado plan anual, de acuerdo a lo que establece la normativa de contrataciones, tal inclusión no se realizó; no obstante, se desembolsó un importe de S/ 396.500 como pago por la ejecución de dicho servicio que no se realizó”, se lee en el informe.

Además se confirmó que las autoridades universitarias de ese entonces en tiempo récord autorizaron y emitieron la realización del mencionado “servicio de mantenimiento”. Y 24 horas después de esa resolución, se emite el informe y ejecución final del mencionado servicio.

Se detectó que el servicio no tiene expediente de contratación y se canceló sin informe de actividades y sin comprobante de pago emitido por los prestadores del servicio.

La Contraloría recomendó a la autoridad universitaria realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Universidad Nacional de Piura comprendidos en esta irregularidad.

Además, aconsejó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores por este servicio fantasma.

Entre los funcionarios con presunta responsabilidad penal se encuentran Luis Alberto Calle Estrada, Cinthya Del Socorro Alzamora Rivas, Natalia Irene Huiman Seminario, Anita Consuelo Zapata Guaylupo, Karina Galecio Angeldonis, Jorge Eduardo Garcés Agurto, Betsy Emily Zamora Vignolo y el exrector de la UNP, Omar Vences Martínez.

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