La Procuraduría Regional Anticorrupción presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, un recurso de queja en contra de la disposición de la fiscal Fiorela Montero Talledo, quien decidió archivar una denuncia por el caso del abandono de la obra por parte del Consorcio Obrainsa Astaldi (COA), y el pago del adelanto, entre otros.

LO ARCHIVASegún la decisión de la fiscal, dispone “No a lugar a formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, seguida contra los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en agravio del Estado-Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), ordenando el archivo definitivo.

Según la Fiscalía, los hechos que dieron origen al caso fluye por la denuncia presentada por Edwin Vegas Gallo, con el cual se inició la presente investigación.

Señala que la empresa contratista para la ejecución del Peihap, Obrainsa Astaldi, desde inicios de agosto del 2017 ha abandonado el referido proyecto por supuestas amenazas de las rondas campesinas, situación que no había sido informada en su oportunidad.

SIN DINERO Agrega la denuncia que el COA tendría un problema de liquidez desde hace unos tres años y estaría ligada al “Club de la Construcción”, siendo que, pese a ello, se le dio un adelanto de 70 millones de soles para perforar el túnel de 13 kilómetros, de lo cual hasta la fecha solo se habría avanzado poco más de 2 kilómetros.

Finalmente, el denunciante señala que hasta el momento el proyecto ha desembolsado 300 millones de soles, con el agravante de una supuesta malversación de fondos.

Según señala el Ministerio Público en su disposición fiscal, “que de los medios probatorios reunidos a lo largo de su investigación preliminar, no se ha llegado a comprobar la comisión de lo denunciado, debiendo determinarse que la sola sindicación atribuyendo ilícitos penales, sin siquiera describir un supuesto fáctico que lo sostenga, no puede ser suficiente para la comisión de un delito”.

Es decir, para la Fiscalía no habría responsabilidad de los funcionarios del Proyecto Alto Piura, en lo señalado por el denunciante.

Cuestiona. Sin embargo, la Procuraduría Pública Anticorrupción considera que: “El Ministerio Público no ha reunido todos los medios probatorios disponiendo de todos los actos de investigación necesarios a lo largo de la etapa preliminar”.

Respecto al primer punto, la Procuraduría considera que la Fiscalía habría supuestamente incurrido en serias contradicciones, al indicar que no se aprecia cuáles serían los funcionarios que habrían omitido la referida comunicación y a qué personas debía ser comunicado, y tampoco se indica qué deber u obligación se habría infringido al no poner en conocimiento esta situación.

La Procuraduría señala que en la denuncia claramente se han mencionado los nombres de algunos funcionarios de ese entonces.

Agrega que pese a ello, ni los funcionarios ni el representante del COA que firmaron el contrato fueron llamados para rendir su declaración para un mejor esclarecimiento de los hechos.

En cuanto al segundo cuestionamiento referido al adelanto que se le dio al COA, la Fiscalía señala que del informe 979-2018, se aprecia que efectivamente se le otorgó dicho adelanto, “sin embargo, ello ha sido así, en tanto y en cuanto la cláusula décima del contrato que se suscribió para la ejecución de la obra.

El Ministerio Público ha señalado que no puede entenderse a la entrega de dicho monto, como un favorecimiento al COA, pues este aspecto sí era considerado desde las bases administrativas del proceso, es decir, desde antes que se conociera a quien se le iba a adjudicar la buena pro.

Al respecto, la Procuraduría considera que la investigación debe ir más allá, y se pregunta ¿Por qué el Ministerio Público no ha dispuesto una pericia contable y una pericia de ingeniería civil a efectos de corroborar el contenido técnico del informe 979-2018?

Añade que si la entidad ha señalado unilateralmente que del adelanto de 70 millones estaría invertido el 19.35%, “asumimos que ello debería ser confirmado por peritos oficiales e imparciales”. Además, también debería evaluar si lo construido en el avance mencionado, reúne las condiciones de calidad, eficiencia y que haya sido construido de acuerdo con el expediente técnico de la obra, a fin de determinar la existencia o no de algún perjuicio económico.

Respecto a la garantía de fiel cumplimiento, la Procuraduría cuestionó que la Fiscalía justifique su existencia para efectuar los pagos en exceso, “sin embargo, no ha analizado ni cuestionado el ¿por qué entonces el COA, luego de abandonar la obra, presentó una medida cautelar para que dicha garantía no sea ejecutada?

Por este y otros argumentos, la Procuraduría Anticorrupción del Gobierno Regioal solicitó a la Fiscalía eleve las actuaciones al fiscal superior de Piura para la ampliación de las investigaciones.