Una contradicción técnica hundió a los a cinco exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura y a un empresario quienes fueron condenados a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada en perjuicio del Estado al favorecer al Consorcio del Norte.

Según el expediente N° 03835-2018-5-2001-JR-PE-5, los hechos se originaron por presuntas irregularidades en el proceso de selección para las actividades de “Mantenimiento del Dren Troncal 13.08 - Caserío Cerritos - Cristo Nos Valga”, una obra presupuestada originalmente con un valor referencial de S/ 4′267,479.39 para el movimiento de tierras y descolmatación mecánica.

Una contradicción técnica hundió a los implicados en el caso: los miembros del Comité Especial, James Coronado Torres, Iván Ríos Carranza (luego director de Obras) y Jesús Díaz Luzuriaga (luego director de Licitaciones); junto a los exdirectivos de la etapa de ejecución, Edwin Troya Acha (exgerente de Infraestructura) y Luis Ramos Mendoza (exdirector de Construcción). Todos ellos fueron señalados por direccionar el proceso en favor del empresario Carlos Franco Mogollón, representante del Consorcio del Norte, quien actuó como el cómplice privado beneficiado por el pacto ilícito.

Las declaraciones señalan que la defensa de Franco Mogollón alegó que las excavadoras con brazo de 14 metros “no existían en el mercado mundial”; sin embargo, la auditoría y la fiscalía demostraron que sí había proveedores locales, entre ello, Jusaperú y Balcones, que si contaban con esta maquinaria.

La tesis fiscal demostró que el expediente original exigía excavadoras con brazo de 14 metros y cuchara de 1.8 a 2.0 m³. Sin embargo, el Comité acogió irregularmente las observaciones del postor Piuramaq S.R.L., permitiendo equipos de menor capacidad (brazo de 10.5 metros y cuchara de 1.0 m³). Aunque los acusados alegaron que la maquinaria original no existía en el mercado, la fiscalía demostró que proveedores locales como Jusaperú y Balcones sí contaban con ella.

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Ante esto, los funcionarios omitieron ajustar el valor referencial del contrato a la baja, pese a que la nueva maquinaria era comercialmente más barata. Además, se otorgó la buena pro a un postor único cuyas propuestas técnicas y económicas, -las cuales fueron oralizadas en la audiencia- resultaban incongruentes entre sí.

La irregularidad se consolidó en la ejecución mediante adendas a favor del privado: la Adenda N° 01 formalizó el cambio por maquinaria de menor rendimiento sin sustento técnico, legal ni la opinión del proyectista; mientras que la Adenda N° 03 aprobó un adicional de 201.5518 días-máquina de menor capacidad por S/ 568,811.08, contando con los visados de las direcciones de Licitación, Obras, Construcción e Infraestructura.

Esto permitió que el GORE pagara por maquinaria de menor capacidad como si fuera de alto rendimiento.