La Contraloría identificó pagos en exceso y sin sustento, así como la modificación del contrato que habría favorecido al contratista en la obra de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Jesús Guerrero Cruz, en la provincia de Huancabamba. Un total de 17 exfuncionarios del Gobierno Regional Piura (gestión 2019-2022) tendrían responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 29187-2023-CG/GRPI-SCE, se advirtió que entre los años 2019 y 2020, la entidad pagó al consorcio por adelantos de materiales que no correspondía. Además, efectuó pagos en exceso de partidas de equipamiento en el adelanto de materiales que ya habían sido reconocidos en los anteriores adelantos, detectándose un perjuicio económico de S/ 8´740,205.

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También se evidenció que la entidad habiendo otorgado al contratista los mencionados adelantos, equivalentes al 89.2% de monto contractual del componente de equipamiento, en diciembre de 2020 suscribió con el contratista la adenda número 11 al contrato, que modificó el procedimiento de pago para este componente, estableciendo que la valorización se realizaría como parte de las valorizaciones mensuales previstas en el contrato original, según lo cual ya no se efectuaría la valorización de equipamiento cuando se encuentre en obra, instalado y puesto en marcha; sino que se realizaría en un mayor porcentaje una vez puesto en almacenes de Lima o Callao.

Bajo tales condiciones, al margen de la normativa de contrataciones aplicable, entre marzo y julio de 2021, cuando la obra reportaba un avance físico de 43.9% respecto al componente de infraestructura y de 32.9% de avance físico total, la entidad pagó por valorizaciones de obra por el componente de equipamiento en base a actas de entrega y recepción de bienes en almacenes.