El Ejecutivo peruano oficializó la declaratoria de estado de emergencia en cuatro provincias del departamento de Piura ante el aumento de la violencia y la actividad criminal en la zona norte del país. La medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, fue establecida mediante decreto supremo firmado por el presidente José Jerí y varios ministros de Estado.​

Las provincias afectadas por la declaratoria son Piura, Sullana, Paita y Talara. Sin embargo, el decreto hace especial énfasis en siete distritos que registran los mayores índices de criminalidad: Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.​

En estas jurisdicciones, la Policía Nacional del Perú liderará las operaciones de control del orden público, aunque esta vez contará con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas. Esta colaboración interinstitucional busca fortalecer la capacidad de respuesta ante las bandas criminales que operan en la región.​

Medidas restrictivas en centros penitenciarios

Una de las estrategias contempladas en el decreto incluye acciones drásticas en el ámbito penitenciario. Los penales de Piura y Sullana estarán sujetos a nuevas restricciones que limitan el régimen de visitas según la clasificación de los internos.​

Para los reclusos bajo régimen ordinario, las visitas serán permitidas únicamente una vez por semana. En el caso de aquellos bajo régimen cerrado especial, la frecuencia se reduce a una visita quincenal. Estas medidas buscan limitar el contacto con el exterior que podría facilitar la coordinación de actividades delictivas.​

Adicionalmente, se dispuso el corte del suministro eléctrico en los tomacorrientes de las celdas de ambos establecimientos penitenciarios. Solo se mantendrá el fluido eléctrico destinado a la iluminación básica, restringiendo así el uso de aparatos electrónicos que podrían ser empleados para comunicaciones no autorizadas.​

Comité de inteligencia conjunta

Para coordinar las acciones de seguridad, se conformó un comité de inteligencia integrado por efectivos de la Policía Nacional y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario. Este equipo operará bajo la dirección de la jefatura de la División de Inteligencia de la Región Policial de Piura.​

El objetivo de este grupo de trabajo es articular esfuerzos para ejecutar operativos certeros contra las organizaciones criminales que operan en el norte del país. La integración de información penitenciaria y policial permitirá identificar conexiones entre reclusos y actividades delictivas externas.​

El decreto supremo que oficializa estas medidas cuenta con las firmas del presidente José Jerí, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministros de Defensa, Interior, Economía y Justicia, demostrando un respaldo institucional amplio a esta estrategia de seguridad.