Una investigación preparatoria formalizó la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura contra la presunta organización criminal denominada “Los Ilegales de la Mina de Sal Azul”, cuyo cabecilla sería Miguel Henry Zavaleta Amaya y estaría integrada por 55 personas.

Según la Carpeta Fiscal N.° 38-2022 que está a cargo del fiscal Verónica Velasco Rivera, a los integrantes de esta supuesta organización criminal se les investigará por los presuntos delitos de organización criminal, usurpación y lavado de activos vinculados a la explotación y posesión de la Mina de Sal Sechura y territorios de la Comunidad Campesina San Martín.

De acuerdo con la fiscalía, el accionar de la denominada organización criminal, no solo ha vulnerado el patrimonio de la comunidad campesina, sino que ha subvertido el orden público y la seguridad jurídica en la zona.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó que Miguel Henry Zavaleta Amaya y los integrantes de la Junta Transitoria entreguen, en un plazo de 30 días, toda la documentación contable, administrativa y financiera relacionada con la explotación y comercialización de sal, además de informar las cuentas bancarias, billeteras digitales y otros medios utilizados para recibir dinero. El incumplimiento será considerado como un indicio de falta de colaboración con la investigación.

Asimismo, se dispuso que la Diviac Piura ejecute operativos inopinados y labores de inteligencia en la mina de sal de Bayóvar para identificar el ingreso y salida de vehículos, conductores y personas vinculadas a las actividades investigadas.

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La Fiscalía también solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de los investigados, además de realizar pericias contables, financieras y ambientales para determinar el origen de los ingresos, el flujo económico generado y el posible daño ambiental ocasionado.

Las declaraciones de los investigados fueron programadas entre el 1 de julio y el 5 de agosto.

La disposición fiscal, de 332 folios, reúne 87 hechos que sustentarían la investigación, entre ellos 49 operaciones relacionadas con el ingreso de tráileres para el transporte de sal y 38 eventos donde presuntamente se administraron recursos obtenidos de la explotación de la mina. El expediente se sustenta en 335 informes, declaraciones, oficios y otros