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Piura: La Fiscalía investiga a alcalde por favorecer a un centro comercial con un beneficio tributario de S/ 983 861

El Ministerio Público indaga al burgomaestre Whalter Guerrero, así como a los regidores y exfuncionarios por el presunto delito de colusión y negociación incompatible
El Ministerio Público deberá determinar las responsabilidades de los catorce investigados.

Tania Bautista Castillo

Actualizado el 11/02/2025, 11:07 a.m.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Castilla, Whaler Guerrero Silva, y otras 14 personas, entre quienes se encuentran regidores y exfuncionarios, por supuestamente dejar prescribir una millonaria suma de dinero de arbitrajes al centro comercial Open Plaza.

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De acuerdo con la disposición fiscal N° 02-2024 del 8 de diciembre del 2024, la fiscal Lilibeth Rodríguez Huertas, con la carpeta N° 2606065500-2024-3696 dispuso abrir una investigación fiscal contra el alcalde de Castilla, Whaleter Guerrero Silva; así como contra Elvira Cienfuegos (responsable de la Oficina Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios), Cristóbal Ramos Sullón (ex gerente de Administración Tributaria de Castilla), regidores de la mayoría y otros funcionarios y ex funcionarios.

Ellos son investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y alternativamente negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

La oficina de Imagen Institucional de Castilla informó que Open Plaza solicitó la prescripción de su deuda tributaria por los años 2011 al 2016, cuya deuda incluyendo intereses es de S/ 983,861, declarada prescrita en el 2023 por el exgerente Cristóbal Ramos.

“El contribuyente (Open Plaza) solicitó la prescripción de dicha deuda tributaria en el año 2023, sin embargo, es necesario señalar que el derecho de solicitar la prescripción de la deuda tributaria fue ganado por el contribuyente al existir una mala gestión administrativa al momento de determinar la deuda en el año 2017 a través de una Fiscalización Tributaria, en otras palabras, la gestión administrativa de las autoridades de ese entonces fue deficiente”, explicó la comuna castellana.

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