La región Piura reporta la disminución en su presupuesto para el tema de la seguridad ciudadana pese al incremento de las denuncias por extorsión. Según informó el Instituto Peruano de Economía (IPE), para el 2026 el monto aprobado es de S/ 64 millones, lo que representa una caída real del 25% frente a los S/ 86 millones que fueron destinados en el año 2025.

Según el Instituto Peruano de Economía, a pesar del incremento de la inseguridad en la región Piura, el presupuesto destinado a infraestructura y equipamiento en este sector ha sufrido un recorte. Para 2026, el monto aprobado es de S/ 64 millones, S/ 22 millones menos que el 2025.

Además, el descenso impacta principalmente a los gobiernos locales, cuyo presupuesto se redujo a la mitad (de S/45 millones a S/22 millones), mientras que las partidas de los gobiernos nacional y regional no presentaron variaciones significativas.

Indicaron que, en 2025, Piura fue la cuarta región con más extorsiones, alcanzando un récord de 130 casos por cada 100 mil habitantes. Aunque las denuncias bajaron de 19 a 10 por cada 100 mil entre enero y febrero de 2026 frente al año anterior, la inseguridad persiste, puesto que la cifra actual es casi nueve veces superior a los niveles del año 2019. Cabe mencionar que menos del 20% de las víctimas de delitos realiza una denuncia, según el INEI.

Asimismo, a febrero de 2026, Piura enfrenta una crisis de seguridad debido al déficit de policías (134 efectivos por cada 100 mil habitantes), limitando la capacidad de respuesta; una cobertura del Sistema de Planificación y Control del Patrullaje Municipal de apenas el 58% en distritos y una nula planificación en seguridad ya que apenas 9 de los 65 distritos cuentan con planes de seguridad ciudadana actualizados y aprobados al 2026.

Señalaron que la expansión de la minería ilegal y la inseguridad ciudadana se consolida como uno de los principales retos de la región. En esa línea, para combatir la inseguridad se requiere fortalecer a la PNP y mejorar la coordinación con las autoridades locales, enfocándose en las zonas más expuestas a las economías ilegales. Esto implica mejorar el equipamiento, la movilidad y la inteligencia operativa, además de acelerar la modernización de las comisarías mediante mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas.

Cabe precisar que el mes pasado, cerca de la frontera entre Perú y Ecuador, se destruyeron 129 campamentos de minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, lo que evidencia la expansión de estas actividades en regiones del norte como Piura. La inseguridad en la región también se refleja en los niveles de victimización: según el INEI, en 2025, 24.7% de piuranos mayores de 15 años reportó haber sido víctima de algún hecho delictivo, por encima del promedio de la zona norte (18.5%).