El consejero por la provincia de San Antonio de Putina, José Luis Borda Cahua (31), fue sentenciado ayer a tres años y 11 meses pena privativa de libertad con carácter suspendido, al hallársele culpable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. El imputado se acogió al mecanismo de simplificación procesal de terminación anticipada.

TE PUEDE INTERESAR: Puno: Richard Hancco pide a Alejo dejar las cosas en orden en el Gore

La condena fue emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, a cargo de la magistrada María Candelaria Morales Segura. También se determinó que Borda Cahua será inhabilitado por cinco años y 7 meses para ejercer cargos públicos, y también deberá pagar una reparación civil de S/6 mil

Hechos

En junio de este año, Borda Cahua habría solicitado al nuevo director de la Red de Salud de Huancané comprometerse a la designación de personal que iba a proponerle para los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en esta entidad. Dicha petición la habría hecho antes que el funcionario asuma el cargo.

A cambio de ese “favor”, el investigado ofreció interceder ante la presidencia del Gobierno Regional de Puno, para que se cumpla dicha designación que, en efecto, se concretó. Además, Borda Cahua pidió que le entregue una carta de renuncia firmada con su huella digital y sin fecha, para que le sirva como garantía por si no cumplía con sus requerimientos.

Por si no fuera poco, exigió agilizar el pago de adendas por servicios de limpieza y alimentación, seguridad y lavandería a favor de los proveedores por S/10 mil soles, además que pedir que se favorezca con adjudicaciones a empresas que participaban de un proceso de selección para dichos servicios.

LEA TAMBIÉN: Ácora: productor ganadero gana concurso nacional

Culpable

Ante la figura de la terminación anticipada, Borda admitió su culpabilidad a los cargos imputados por el Ministerio Público, que había solicitado nueve meses de prisión preventiva. La su detención el 25 de noviembre en plena sesión de consejo, el fiscalizador permaneció con detención preliminar por tres días, y ayer la audiencia se realizó en estricta reserva.

El presidente del consejo regional Fredy Rivera, no se ha pronunciado hasta el momento, mientras que su colega de la de San Román, Isidro Pacohuanaco, declaró a los medios de comunicación que todos los consejeros deben ser investigados.