En opinión del procurador público del Gobierno Regional de Puno, Iván Santalla Prieto, de acuerdo a la prognosis de la pena contra el gobernador regional, Agustín Luque Chaiña, éste y los que resulten responsables deberían ser sentenciados a más de cuatro años de cárcel.

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Con fecha, 18 de marzo, el funcionario solicitó requerir un mandato de prisión preventiva ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, en contra de la hoy, reclusa autoridad, además de su entorno más cercano.

“Un recurso de los acusados, para aminorar esta sentencia podría ser, acogerse a la colaboración eficaz; sin embargo, lo que estamos viendo es que, todos los acusados se rehúsan a presentarse en las diligencias que viene realizando el Ministerio Público, como parte de la investigación preliminar”, refiere el letrado.

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Organización

El requerimiento de prisión preventiva, alcanza a Olinda Pacheco, esposa de Luque Chaiña. Ella es considerada la piedra angular de esta presunta organización criminal, liderada por el otrora gobernador regional.

Pacheco Aguilar, en el pasado, trabajó junto a Nilton Quispe Gutiérrez en la Municipalidad Provincial de Puno. También hicieron lo propio en la pasada gestión edil, Hilda Quispe Illacutipa, John Martinez Molina, Eva Apaza Gómez, Yovana Alvarado Calcín, Karina Huilica Huamán, John Vargas Coha. Son estos mismos personajes los que se “mudaron” al Gobierno Regional y habrían consolidado una organización para hacerse principalmente de procesos de licitación como el del, nuevo hospital Manuel Núñez Butrón.

“Si la fiscalía actúa con rigurosidad ante las evidencias que hemos presentado, el señor Agustín Luque debería permanecer en prisión hasta que cumpla una futura condena”, finalizó.