La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes solicitó al director del establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro realizar las gestiones necesarias para garantizar el acceso a la atención en salud de los 1156 internos que alberga.

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Este requerimiento se llevó a cabo tras una visita de supervisión del personal defensorial en la que se advirtió que no cuentan con un médico desde el 25 de marzo.

En efecto, el viernes 1 de abril del año en curso, un grupo de comisionados de la Defensoría del Pueblo acudió al penal advirtiendo que, si bien la atención en el tópico no se ha suspendido, este viene siendo atendido por técnicas en enfermería que laboran en algunos casos 24x48 horas y en horarios de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes.

“El penal cuenta con el servicio de un odontólogo, una farmacéutica, una técnica de laboratorio, una licenciada para el programa de tuberculosis (TB), una técnica en enfermería TB, una técnica en enfermería del área administrativa, una técnica en enfermería, pero es necesario la atención de un médico, ante cualquier caso de mayor complejidad o urgencia”, precisó Clara Isabel Núñez Tasaico, jefa de la Oficina Defensorial de Tumbes.

Cabe destacar, que la jefa encargada del servicio de salud refirió ante el personal de la Defensoría del Pueblo, que el servicio de Tópico se encuentra abastecido de medicamentos, y a la fecha no se reportan personas con la COVID-19.

Asimismo, informó que cuentan con ocho pacientes con TB, quienes vienen recibiendo su tratamiento.

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Por otro lado, la visita de supervisión permitió recibir la queja de algunos internos respecto a la comida que se viene brindando a los pacientes que siguen un tratamiento médico, en ese sentido, la representante de la Defensoría del Pueblo recomendó al director del penal atender los reclamos, logrando que la autoridad penitenciaria se comprometa a realizar las gestiones para brindar una dieta con alimentos cocinados a los referidos internos.

Finalmente, la sede defensorial indicó que hará seguimiento a estas recomendaciones para que se garantice el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en esta región fronteriza del país.