La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, celebró hoy que el Tribunal Supremo haya suspendido provisionalmente el mandato del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, y aseguró sobre la respectiva medida cautelar que “mejor tarde que nunca”.

Dilma Rousseff insistió también en que el proceso parlamentario que la próxima semana puede apartarla del cargo comenzó a raíz de un “chantaje” del propio Eduardo Cunha, que esperaba que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) lo apoyara y rechazara la apertura de un juicio contra él en la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados.

“El inicio del impeachment (juicio político destituyente) fue un chantaje del señor Eduardo Cunha, que pidió al Gobierno votos para impedir su propio juicio en la Comisión de Ética. Pero nosotros no le dimos los votos”, afirmó la mandataria durante la ceremonia de inauguración de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonía brasileña.

En su calidad de presidente de los Diputados, Eduardo Cunha fue el responsable de aceptar a trámite el proceso destituyente contra Dilma Rousseff el pasado diciembre, y hoy fue suspendido provisionalmente del mandato y de su cargo por haber dificultado las investigaciones de la trama de corrupción de Petrobras, en las que es reo.

Eduardo Cunha enfrenta un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que indaga si le mintió al Congreso al negar que tenía cuentas cifradas en Suiza, lo que él siempre ha negado fehacientemente pero que fue confirmado por la Justicia helvética.

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Cunha incurrió en “un claro desvío de poder porque usó su cargo para vengarse de nosotros porque no nos doblamos ante el chantaje”, sostuvo Dilma Rousseff.

“Lo único que lamento es que consiguiera presidir con cara dura lamentable proceso en la Cámara”, agregó al referirse a la decisión del plenario de la Cámara baja de dar continuidad a los trámites para el juicio contra la mandataria.

Dilma Rousseff reiteró que el proceso para desalojarla del poder es “golpista” porque no cometió ningún “delito de responsabilidad”, una condición de la Constitución para justificar el impeachment.

Los impulsores del proceso aseguran que la mandataria incurrió en delito de responsabilidad al contratar créditos de los bancos públicos sin autorización del Congreso para pagar gastos corrientes del Congreso y maquillar los balances fiscales de su Gobierno.

Tales acusaciones volvieron a ser rechazadas este jueves por el abogado general del Gobierno, José Eduardo Cardozo, que actúa como defensor de la presidenta, en una sesión en la Comisión del Senado que analiza la validez del proceso.

La jefa de Estado también hizo de nuevo hincapié en el argumento de que la oposición no se conforma con haber perdido las elecciones presidenciales de 2014 y, por eso, está llevando a cabo “una elección indirecta travestida de impeachment”.

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