Un tribunal de apelación neoyorquino desestimó este martes el pedido de anular el juicio que condenó al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en julio de 2019 a cadena perpetua por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas, entre otros cargos.
Ante el recurso presentado por la defensa del Chapo para anular dicho juicio en el segundo circuito del Tribunal de Apelación de Brooklyn, el fallo concluye que el proceso realizado por el juez Brian Cogan a lo largo de tres meses fue “diligente y justo”.
“Por estas razones, el fallo resultante es confirmado”, reza el escrito del juez Jon O. Newman.
A lo largo de 44 páginas, el juez rebate cada de las 10 reclamaciones presentadas por la defensa para pedir la anulación del juicio y concluye que ninguna de ellas tiene “fundamentos”.
La defensa basó su pedido para reclamar la nulidad del juicio, entre otros, en que según la legislación internacional solo debería haber sido juzgado por uno de los cargos descritos en el tratado de extradición y por la acusación de la que fue objeto en las diligencias para su extradición.
Asimismo, alegaba que uno de los jurados dijo a un medio digital que tanto él como otros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.
“Decepción”
Esgrimía, también, que el aislamiento total del Chapo desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio, además de un “conflicto de intereses” de uno de sus abogados y que el tribunal de distrito y el gobierno habrían socavado su derecho a la defensa.
“Aunque respetamos el fallo del tribunal, estamos decepcionados de que las alegaciones sustanciales sobre la conducta indebida del jurado siguen siendo barridas bajo el tapete y hayan quedado sin examinar en un caso de proporciones históricas”, reaccionó el abogado defensor Marc Fernich en un correo electrónico a la AFP.
El abogado señala que “está seguro” de que su defendido, de 64 años, apelará al Tribunal Supremo de Estados Unidos en “su momento”. Se trataría del último recurso legal que le queda.
En julio de 2019, el Chapo fue sentenciado a pasar el resto de su vida en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos tras ser hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego, entre otros, de los que era acusado. La justicia lo condenó a cinco cadenas perpetuas por tráfico de drogas y a 30 años por el de armas de fuego, así como a pagar 12.000 millones de dólares de resarcimiento.
El gobierno estadounidense acusa al que fuera jefe del cártel de Sinaloa de introducir en Estados Unidos durante un cuarto de siglo 1,44 toneladas de pasta de cocaína, 222 kg de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y “cantidades” de metanfetaminas.
Durante el juicio, la acusación presentó pruebas de que el Chapo ordenó la muerte o torturó y mató él mismo a por lo menos 26 personas o grupos de personas, incluidos supuestos informantes, narcos rivales, policías, socios y hasta familiares.
Por su parte, la esposa del Chapo, Emma Coronel, también fue condenada en noviembre del pasado año en Estados Unidos a tres años de prisión por su participación en el poderoso cartel de Sinaloa que lideraba su marido.
Investigado en México
Sus problemas con la justicia no han concluido. En México, el otrora poderoso capo de la droga capaz de sobornar a medio mundo, y el exministro de Seguridad Genaro García Luna, también detenido en una cárcel neoyorquina a la espera de juicio, están siendo investigados por un operativo de Estados Unidos para introducir armas a su país vecino, anunció la fiscalía el pasado 9 de enero.
A través de ese operativo, entre 2006 y 2011 Estados Unidos habría introducido ilegalmente más de 2.000 armas a México con el objeto de rastrear si llegaban a manos de grupos criminales y sus líderes y así conseguir su captura.
No obstante, la fiscalía mexicana no detalla cómo los acusados pudieron participar en este operativo que ha desatado airados reclamos del gobierno mexicano y que le Fiscalía General tacha de “absolutamente ilegal e inadmisible”.
Fuente: AFP
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