El Gobierno de Bolivia confirmó a través de su viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, que en cuatro de nueve regiones del país se han registrado presuntas vacunaciones irregulares a ciudadanos que no pertenecían al personal médico de la primera línea contra la COVID-19.

En diálogo con la agencia Efe, Silva indicó que en las regiones de La Paz y Santa Cruz se confirmaron las irregularidades, mientras que en Tarija y Chuquisaca están “en proceso de verificación”.

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En La Paz se denunció la vacunación irregular de un militar y tres administrativos de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil). Las investigaciones se dan desde hace dos días y están a cargo del Ministerio de Defensa.

Mientras que en el distrito de Santa Cruz se denunció penalmente a un funcionario que incluyó en un listado para la vacunación a dos personas que no pertenecen al personal de salud, según Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en declaraciones a medios locales de su país.

Por otro lado, en Tarija dos personas presuntamente recibieron la vacuna de forma irregular en el hospital San Antonio. Por último, en Chuquisaca se habla de un número aún no determinado de supuestos familiares del personal de la Gobernación regional que se beneficiaron con la inmunización.

El personal encargado de la vacunación que dé prioridad a sus amigos o familiares, o se deje “intimidar por algún cargo, grado, presión política o de poder económico” estaría cometiendo un delito de incumplimiento de deberes, según el viceministro Silva. Mientras que quienes se beneficien ilegalmente con la vacuna incurren en el delito de tráfico de influencias.

Por ello, los implicados en estos hechos irregulares serán imputados “mínimamente por estos dos delitos, sin descartar otros”.

PLAN DE VACUNACIÓN

El viceministro Silva afirmó que se vacunará a toda la población en un plazo máximo de seis meses, completando así el proceso de inoculación en setiembre. “Existe un plan y ese plan tiene un cronograma con etapas, que se deben cumplir”, acotó.

Según la autoridad las primeras vacunas recibidas están destinadas al personal de salud que trabaja en primera línea con las personas contagiadas de COVID-19 porque “están arriesgando su salud y su vida”.

Posteriormente se vacunará a las personas con enfermedades crónicas, para después continuar con la vacunación masiva en todo el país. Asimismo, Silva reafirmó que si las personas que deben vacunarse al final lo hacen primero, “entonces el plan va a fallar”.

En Bolivia el proceso de vacunación comenzó a fines de enero con la aplicación de 20,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V al personal médico de primera línea, mientras que la vacunación masiva propiamente se activó la semana pasada tras la llegada de la vacuna china Sinopharm.

Los reportes del Ministerio de Salud de Bolivia indican que el país del altiplano acumula 11,761 decesos y 252,360 casos confirmados de COVID-19 desde los primeros contagios en marzo del 2020, considerando que se encuentran en un proceso de “desescalada”, según sus autoridades.

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