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El gobierno de Bolivia presentó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por los delitos de “terrorismo” y otros siete cargos, tras la difusión de un presunto audio en el que el exmandatario ordenaría bloquear carreteras para aislar la ciudad de La Paz.
La acusación fue confirmada por el ministro de Justicia, César Siles, quien detalló los fundamentos legales de la acción judicial.
“Entre los principales delitos que se han denunciado se encuentra terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos”, declaró Siles a medios de comunicación.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General del Estado, incluye también cargos relacionados con la obstaculización de procesos electorales, tipificada en la Ley 026 del Régimen Electoral.
Dicha norma establece penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes “promuevan desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones”.
El ministro enfatizó que la legislación también protege el ejercicio de las autoridades electorales y sanciona cualquier interferencia en sus funciones.
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