El 22 de noviembre de 2019, el Gobierno interino de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, denunció formalmente al exmandatario Evo Morales por al menos cinco delitos, entre ellos sedición y terrorismo, a raíz un video en el cual presuntamente este ordena “dejar sin comida las ciudades”. Eran los días de intensas protestas sociales —que cobraron más de 30 vidas— en un país dividido tras la renuncia del líder de izquierda a la Presidencia. Casi un año y cuatro meses después, es Áñez la acusada de insurrecta.

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El domingo pasado, una jueza dictó cuatro meses de prisión preventiva contra la exgobernante, detenida la madrugada del sábado 13. La sentencia tiene su origen en una denuncia hecha a fines de noviembre pasado por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS) —partido de Morales—. Ella acusó a exjefes policiales y militares, así como a civiles y políticos de derecha —principalmente, al excandidato presidencial y hoy gobernador electo de Santa Cruz, Luis Camacho—, de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración para derrocar a Evo. En el marco de esa denuncia, la Fiscalía formalizó el pedido de prisión contra Áñez, por supuestamente conspirar para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado”.

El actual mandatario y exministro de Economía de Morales, Luis Arce, quien llegó a la Presidencia con el MAS, ha negado que en esta causa haya revanchismo político. “No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, [...] lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país”, manifestó. Sin embargo, otras voces opinan distinto.

El ex jefe de Estado y excandidato en los últimos comicios, Carlos Mesa, señaló que se busca “infundir terror desde el Gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar a la oposición y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana”.

Asimismo, la Secretaría General de la OEA, al mando de Luis Almagro, manifestó en un comunicado su “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”. Agregó que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo”.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) tuiteó que la orden de captura que se emitió contra Áñez no contiene evidencia del delito de “terrorismo”, por lo cual genera “fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”.

El caso

A Áñez se le está acusando de hechos que ocurrieron antes del 12 de noviembre de 2019, cuando asumió la Presidencia. El día 10, Morales anunció su dimisión, luego de que el comandante de las FF.AA., Williams Kaliman, le sugiriera hacerlo para “permitir la pacificación del país”, convulsionado por los comicios del 20 de octubre, en los que el MAS se proclamó vencedor pese a denuncias de fraude electoral.

La intervención de las FF.AA. es uno de los argumentos de la parte acusadora. Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo en la gestión de Evo, declaró por ejemplo que el expresidente Jorge Quiroga coordinó con militares la salida del mandatario del país con rumbo a México. La Iglesia católica, que participó en las negociaciones entre oficialismo y oposición en esos días críticos, emitió un comunicado en el que expresó que Quiroga solo actuó como facilitador de los trámites. Asimismo, destacó que la asunción de Áñez llegó a causa de un “vacío de poder”.

Junto a Morales dimitieron su vicepresidente, Álvaro García Linera, y los presidentes y primeros vicepresidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, todos del MAS. Según la Iglesia, “se llegó a un consenso unánime respecto a la sucesión constitucional de Jeanine Áñez”, entonces segunda vicepresidenta del Senado. “Interpretar aquellos hechos como ‘golpe de Estado’ es una fantasía que no corresponde con la realidad”, sostuvo el Episcopado boliviano.

Las responsabilidades que se pueden achacar a Áñez tienen que ver con exceso de uso de la fuerza contra manifestantes pro-Evo (incluso llegó a emitir un decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal por la represión). HRW señala que en su breve gestión “hubo graves violaciones de DD.HH., incluyendo dos masacres aberrantes, [pero] la orden de detención no se refiere a esas masacres”. Según la ley, se necesitan dos tercios de votos en el Congreso para encausar a expresidentes por delitos durante su gestión. El MAS no tiene esos votos; en cambio, sí es posible un proceso por hechos ocurridos antes o después del mandato.

En cuanto a Evo Morales, tampoco está libre de culpas, pues los disturbios nacieron de su insistencia por tentar un cuarto mandato, pese a que un referéndum en 2016 se lo impedía.

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