Managua [EFE]. El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que no se vende ni se rinde, luego de que Estados Unidos aplicó sanciones económicas personales al jefe de las Fuerzas Armadas, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por supuestos actos de corrupción y por ayudar a “silenciar” las voces prodemocráticas en el país centroamericano.

“Ni nos vendemos, ni nos rendimos, esa es la frase que nos distingue”, dijo la esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, en su alocución del mediodía, horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos., Mike Pompeo, informó de las sanciones contra Avilés y Acosta.

Los funcionarios sancionados son rectores de los recursos armamentísticos y económicos de Nicaragua, que, según los expertos, son las principales bases del Gobierno de Ortega.

Con dichas sanciones, todos los bienes que Avilés y Acosta pudieran tener en Estados Unidos fueron congelados, y estos no podrán hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses o que implique algún tipo de tránsito por el país norteamericana, con lo cual tendrán dificultades de acceso al sistema financiero internacional.

Murillo, quien al igual que su esposo lleva dos años de estar enfrentada con una aparente mayoría de nicaragüenses, habló de unidad, sin especificar los actores.

“Nos cohesionamos ante cada desafío, nos unimos más y más frente a cada desafío”, dijo.

De la misma manera, advirtió que “las victorias y los caminos de victoria no se detienen”. “Tenemos la capacidad espiritual, la espiritualidad fecunda que se crece”, resaltó.

Avilés y Acosta, quienes no suelen brindar declaraciones en público, se mantuvieron en silencio tras el anuncio de sus sanciones.

Por su parte, el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, indicó que las sanciones a Avilés y Acosta fueron “autoimpuestas”, por negarse a cumplir con la Constitución de Nicaragua, y apoyar actos ilícitos, a pesar de las advertencias de los disidentes.

“Duro golpe a la dictadura”

“Esto es un duro golpe a una dictadura que ha reprimido al pueblo de Nicaragua, la sanción viene acompañada de una aseveración muy contundente, del involucramiento de las Fuerzas Armadas, e indica las investigaciones y las evidencias que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) puede tener para aplicar este tipo de sanciones”, dijo a Efe Chamorro.

El dirigente opositor coincidió con la exguerrillera y exministra de Salud Dora María Téllez en que los funcionarios sancionados deben renunciar a sus cargos.

Por otro lado, el movimiento Coalición Nacional, compuesto por la Alianza Cívica y por la Unidad Nacional Azul y Blanco, las organizaciones opositoras más importantes de Nicaragua, coincidieron en que las sanciones de Estados Unidos al jefe militar y al gerente del país son un aviso importante para militares y funcionarios.

Las sanciones "son además un llamado a los oficiales, clases y soldados del Ejército, así como a todos los funcionarios y empleados del Estado, a actuar, no sólo en defensa de su propia seguridad y vida, sino de todos los nicaragüenses”, indicó el movimiento.

“La dictadura de los Ortega Murillo es enemiga de la vida, lo ha demostrado asesinando a centenares de nicaragüenses en su respuesta represiva a la rebelión cívica de abril de 2018, y ahora con su negligencia y deliberada actitud criminal ante la pandemia de COVID-19″, agregó la Coalición.

Murillo resaltó que su Gobierno es “pionero de paz, de cariño”, e insistió en que "no nos vendemos ni nos rendimos jamás, ejemplo de dignidad y de coraje”.

Al igual que la oposición, y que organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales, Estados Unidos señala a Ortega como responsable de la violencia gubernamental que desde 2018 ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos, y más de 100.000 personas en el exilio.

Ortega también es responsabilizado por las consecuencias de la pandemia, al no establecer restricciones, ni tomar medidas de prevención ante el COVID-19, y, por el contrario, promover aglomeraciones, cuyos asistentes, exclusivamente sandinistas, luego son enviados a visitas casa por casa.

Murillo negó el mal manejo de la pandemia, y prometió divulgar un “Libro Blanco” sobre el tema.