Una nueva Ley General de Víctimas recientemente aprobada en México fue considerada “una burla” ya que no podrá aplicarse por ser inconstitucional, refirió Miguel Alessio, consejero jurídico de la Presidencia del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)

“Es una burla a las víctimas” porque no podrá ser aplicada, apuntó Alessio Robles, quien entre las deficiencias mencionó que “no atiende a las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos que lo hayan sido antes de la entrada en vigor de la ley”.

El abogado pronosticó que la ley desaparecerá del orden jurídico nacional una vez que delincuentes o autoridades supuestamente responsables presenten cinco amparos o “ante cualquier controversia constitucional” de parte de algún municipio o estado.

Asimismo, señaló que no se distingue entre delitos y violaciones a los derechos humanos, carece de presupuesto para operar y reglas de subsidio para que el Estado atienda a las víctimas.

Por todos esos vacíos jurídicos, entre otros, el Gobierno de Calderón presentó un recurso contra la iniciativa ante la Suprema Corte, del cual desistió el presidente Enrique Peña Nieto para permitir la promulgación de la ley, como lo prometió durante su campaña electoral.

Esta ley, elaborada con la participación de grupos de víctimas de la violencia, obliga al Estado a garantizar la asistencia jurídica, médica y económica a quienes sufran ataques de la delincuencia o abusos por parte de las autoridades, y a reconocer su derecho a la verdad, la justicia y a un reparación integral del daño.

La ola de violencia vinculada al crimen organizado causó unas 70.000 muertes durante la Administración de Calderón, que lanzó un combate frontal contra los carteles de las drogas en el que los militares jugaron un papel fundamental.

Con información de Efe