El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso sin precedentes que abre un proceso que puede llevar a su suspensión del ente.

Almagro, que la semana pasada cumplió un año al frente de la OEA, se convierte así en el primer líder del organismo en activar la carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno.

El paso al frente de Almagro responde a su voluntad personal de actuar en la crisis venezolana pese a las reticencias de la mayoría de los 34 Estados miembros de la OEA, que prefieren o bien mantener el silencio de años de la organización sobre esta crisis o adoptar medidas más conciliadoras como una resolución o un ofrecimiento de mediación con autorización de Caracas.

-¿Qué es la Carta Democrática?

Es un instrumento jurídico para la preservación de la institucionalidad democrática del que se dotaron los Estados miembros de la OEA por unanimidad hace 15 años. Tiene 28 puntos y queda recogida en un pequeño librito azul tamaño bolsillo que ha sido más visto que nunca estas últimas semanas en los pasillos de la sede de la OEA en Washington.

-¿Por qué este paso causa tanto impacto, hay precedentes?

La Carta Democrática es un recurso muy sensible no solo porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización del Estado afectado, salvo en el golpe de Estado de Honduras de 2009 por no haber Gobierno legítimo en el poder.

Hasta ahora se ha recurrido a la Carta en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofreció ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).

El único caso en el que la autorización del Gobierno legítimo no era posible y en el que se aplicó la Carta hasta su última consecuencia, la suspensión de la OEA, fue tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, al producirse una “ruptura del orden democrático” (artículo 19).

-¿Por qué se creó la Carta?

La Carta fue aprobada en Lima “después del Gobierno autocrático de Alberto Fujimori en la década de los 90. La idea era hacer la Carta relevante en situaciones como la de Perú, donde el problema no era una amenaza al Estado, sino un régimen que violó el orden constitucional y minó las normas democráticas”, según explicó a Efe Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano.

-¿Por qué se dice que Almagro “activa” o “invoca” la Carta?

Almagro se ampara para actuar en el artículo 20 de la Carta, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

Con esta “invocación” o “activación” de la Carta abre un proceso en el que serán los 34 Estados miembros quienes decidan si, como él, consideran que se ha producido esa “alteración” y las medidas a tomar al respecto.

-¿Cuáles son los pasos de ese proceso?

Almagro ha pedido convocar un Consejo entre los días 10 y 20 de junio. El Consejo, donde cada embajador tiene un voto, decidirá si existe esa “alteración” por mayoría (18).

Si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.

En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado en la organización si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.

-¿Entonces, la aplicación de la Carta es una decisión política?

Sí, como indica uno de los redactores de la Carta, el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, “la aplicación de la Carta Democrática es una decisión de tipo político”. “Ese debate ya no es jurídico, está sujeto a una 'apreciación colectiva' de los Estados, es decir, es una decisión política”, precisa.

-¿Qué significa en la práctica la suspensión de un país como estado miembro de la OEA?

En la práctica, la suspensión de un Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.

-¿Almagro tiene los apoyos para que prospere el proceso que ha iniciado?

La decisión de Almagro, el líder más atípico que ha tenido la OEA, es de carácter personal. Como él mismo ha dicho, no está contando si tiene o no los apoyos para dar este paso. Para él es una cuestión de principios.

Solo Estados Unidos ha denunciado la crisis de Venezuela en la OEA, aunque un notable número de países comparte esa misma preocupación en privado.

Esas naciones, lideradas por Argentina, quieren actuar, pero de manera más conciliadora sin recurrir a la Carta. Argentina ha convocado una reunión del Consejo Permanente para este miércoles con el fin de abordar la situación de Venezuela y consensuar una resolución al respecto.

Venezuela cuenta con el respaldo incondicional de los países de la Alianza Bolivariana (ALBA), sobre todo Ecuador y Nicaragua, así como el de buena parte de los países del Caribe, a los que ha ayudado con el programa de entrega de petróleo subsidiado de Petrocaribe.