América es el continente más golpeado por la COVID-19. La pandemia no solo ha afectado a la población en general sino también a quienes luchan en primera fila contra ella. Según datos al 5 de marzo publicados por Amnistía Internacional (AI), al menos 10,558 trabajadores y trabajadoras de la salud han fallecido en América debido al coronavirus.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI detalla que, solo en 2020, unas 8.000 personas dedicadas al rubro sanitario murieron por COVID-19 en América. El 2 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud notificó que más de 570 mil profesionales de la salud habían contraído la COVID-19 en las Américas, lo que representaba “el mayor número de trabajadores de salud infectados en el mundo”.
AI indica que en casi todos los países el personal sanitario advirtió que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual (EPI) que los mantuvieran a salvo.
AI se refiere también al caso particular del Perú. Señala que la falta de registros oficiales sobre el número de personal sanitario peruano que se ha contagiado y ha fallecido por la COVID-19 ha dificultado conocer el real impacto, así como la implementación de políticas para su protección.
“Hemos visto la incapacidad de las autoridades peruanas para responder a esta crisis sanitaria y seguimos viendo cómo mueren miles de personas al no poder acceder a atención médica oportuna o a medicamentos básicos”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
En el mundo
A nivel global, al menos 17,000 profesionales de la salud han fallecido por COVID-19 en el último año, según un informe de Amnistía Internacional, Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union.
“Cada 30 minutos muere de COVID-19 un trabajador o trabajadora de la salud. Es una tragedia y una injusticia. El personal sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente a la COVID-19 y, sin embargo, en demasiados casos lo han hecho sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por ello”, afirmó Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.
Vea el informe de Amnistía Internacional sobre Perú aquí.
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