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Yoon Suk-yeol autorizó al Ejército surcoreano a disparar para imponer ley marcial, según revela la Fiscalía

Yoon se enfrenta a cargos penales de insurrección por su declaración de ley marcial, que podrían acarrearle cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, pronuncia un discurso en su residencia en Seúl, Corea del Sur, el 14 de diciembre de 2024. (Foto de EFE/EPA/Oficina Presidencial de Corea del Sur)

Agencia AFP

Actualizado el 28/12/2024, 07:39 a.m.

El suspendido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, autorizó a los militares a abrir fuego para entrar en el Parlamento durante su intento de imponer la ley marcial, según un informe de la fiscalía consultado por AFP este sábado.

Yoon, destituido este mes, está siendo investigado tras haber declarado la ley marcial y enviado al Ejército al Parlamento la noche del 3 de diciembre, arguyendo una supuesta colusión de la oposición con Pyongyang.

Los diputados lograron no obstante reunirse esa misma noche, después de sortear el cordón militar, y tumbar con una votación la ley marcial.

Según el informe de acusación de la fiscalía, Yoon Suk-yeol dijo al jefe del comando de defensa de Seúl, Lee Jin-woo, que las fuerzas militares podían disparar si era necesario para entrar en el Parlamento.

“¿Aún no han entrado? ¿Qué están haciendo? Derribe la puerta y sáquelos, aunque sea a tiros”, le dijo Yoon a Lee, según el informe.

Yoon Suk-yeol también habría ordenado al jefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, el general Kwak Jong-keun, que “entrara rápidamente” en el Parlamento, ya que no se había alcanzado el quorum necesario para levantar la ley marcial.

“Entren rápidamente en el Parlamento y saquen a la gente que está dentro de la Cámara, derriben las puertas con un hacha si es necesario y arrastren a todo el mundo fuera”, reza el informe citando a Yoon.

Yoon Suk-yeol quedó destituido de sus funciones tras una votación en el Parlamento, aunque ahora la pelota está en el campo de la Corte Constitucional, que debe validar o invalidar su salida en un plazo de seis meses.

El abogado de Yoon, Yoon Kab-keun, rechazó el informe de la fiscalía y dijo a AFP que es “un relato unilateral que no se corresponde ni con las circunstancias objetivas ni con el sentido común”.

Yoon se enfrenta a cargos penales de insurrección por su declaración de ley marcial, que podrían acarrearle cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

La Oficina de Investigación de la Corrupción, que centraliza las pesquisas, ya citó dos veces al depuesto presidente para interrogarle sobre los sucesos que conmocionaron al país. Pero Yoon no acudió a ninguna de estas citaciones.

Los investigadores le enviaron una tercera citación el jueves para una audiencia el domingo por la mañana.

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