La legitimidad y la legalidad de resoluciones de fiscales y jueces es controvertida. La presunción de inocencia no funciona, se imponen prisiones preliminares y preventivas que la Constitución no contempla y lo hacen por persecución política. La gente no confía en la justicia con miembros que incurren en excesos sin autoridad moral desde que muchos de sus titulares están involucrados en la delincuencia que deben combatir. Sucedió con el cerco a Alan García que determinó su suicidio cuando quisieron apresarlo sin pruebas y le dieron a elegir entre su dignidad y su vida. El Ministerio Público padece una profunda crisis sin salida. Destruyeron a Patricia Benavides y dejaron al descubierto ambiciones e intereses internos impresentables. La fiscal Marita Barreto ahora suspendida suma a su caída los audios que exhiben a su apologista, el periodista abogado Umberto Jara, como extorsionador de una cliente que lo graba haciendo gala de sus contactos con el Equipo especial contra la corrupción, EFICCOP, que dirigía Barreto.Y en cuanto al juez Concepción Carhuancho, cuya fama de arbitrariedad para repartir prisiones preventivas y preliminares trasciende fronteras, acaba de imponer la desmesurada pena de tres años al hermano de la presidente Nicanor Boluarte y al alto funcionario del Ministerio del Interior Jorge Ortiz Marreros, sin juicio y sin pruebas, con arraigo ostensible, incurre en abuso consiguiendo que los afectados respondan poniéndose a buen recaudo, escapando para no someterse a una prisión írrita, injusta e injustificada. El prestigioso doctor Mateo Castañeda, al que otro juez liberó de una preliminar infame, se encuentra delicado de salud y en manos del mismo juez arbitrario que podría imponerle los mismos tres años de prisión sin juicio y sin pruebas. Los abusos se suceden impunemente en un país tomado por la prepotencia fiscal y judicial a pesar de sus crisis.