Hace unos días el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ha señalado que los sicarios, extorsionadores y miembros de organizaciones criminales deben ser considerados como terroristas a fin de que sean sancionados con las duras leyes que existen contra bandas armadas como Sendero Luminoso y el MRTA.

No es una mala idea. Sin embargo, el doctor Arévalo debería recordar que por el momento existen leyes muy severas contra los delitos que menciona, pero que no son aplicadas por fiscales y los miembros del Poder Judicial ya sea por desidia, ignorancia o corrupción.

No hace falta catalogar a alguien como “terrorista” para mandarlo 10 o 15 años a la cárcel por extorsionar o poner un explosivo en la puerta de un colegio; o condenar a 25 o 35 años a un sicario o a un secuestrador que además tortura y mata. Que los jueces no apliquen esas leyes que ya existen, es una cosa muy distinta.

Antes de hacer este pedido que es una buena idea, los jueces a cargo del doctor Arévalo podrían comenzar por actuar con la severidad que la violencia desbordada exige. El titular del PJ debería averiguar cuántos criminales han salido en libertad por motivos, tinterilladas en realidad, que son una burla a todos los peruanos.