Para todo peruano con algo de lucidez, es evidente que el Ministerio Público debe ser refundado, y que el primer paso debe ser la salida inmediata de los fiscales supremos, sobre todo Pablo Sánchez, Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena. Sin embargo, las actuales cabezas y las instancias inferiores se han cerrado en defensa del estado de la institución que está politizada y convertida en un campo de batalla entre bandos dedicados a cualquier cosa, antes que a perseguir el delito.

Esta postura se ha confirmado ayer durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Washington, en que el Ministerio Público por momento quedaba como una pobre víctima, sin que se mencione el evidente desvío de su función constitucional y el haber permitido oscuras interferencias externas. ¿Y lo que ha dicho Jaime Villanueva respecto a cómo se han venido manejando los grandes casos de corrupción? A propósito, ¿hay alguna sentencia vigente? Ninguna.

Dicho esto, es casi imposible que la necesaria reforma del Ministerio Público de los mencionados fiscales y de los Vela Barba y Domingo Pérez, venga desde dentro de la institución, que sería lo ideal, pues meter acá al Congreso, sea a través de iniciativas de congresistas como Jorge Montoya (Renovación Popular) o Waldemar Cerrón (Perú Libre), sería empeorar las cosas. Si se trata de evitar la politización, cómo darle espacio en todo esto a un ente político y hasta politiquero, como es el actual Poder Legislativo.

Entonces, quien tendría que arreglar ese Ministerio Público que se cae a pedazos, sería la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, esta institución está a punto de perder a todos sus miembros o al menos a algunos, por haber mantenido a una de sus integrantes a pesar de superar largamente los 75 años de edad. Aparte está el caso de Henry Ávila, que tuvo que renunciar por sus cuestionadas “gestiones” a favor de una empresa privada para la que trabajó.Así las cosas, es complicada una salida viable a la crisis del Ministerio Público. Por el momento no se aprecia un camino constitucional y legal que permita hacer grandes cambios en una institución que está tanto o más carcomida y alejada de su misión, como lo estuvo en los oscuros tiempos de Blanca Nélida Colán. El país requiere impulsar la lucha contra el delito común en las calles y requiere de sus fiscales, pero estos, lamentablemente, andan metidos en líos internos con chavetas y verduguillos. Una lástima.