El Minedu ha dedicado su capacidad normativa a reglamentar con enorme detalle un problema relativamente sencillo que muchísimos colegios ya habían resuelto: el uso de celulares. Mientras tanto, sigue pendiente el problema realmente urgente: devolver a directores y docentes herramientas efectivas para gestionar la convivencia, la disciplina, las transgresiones reiteradas y la violencia escolar.

La nueva norma, además, convierte a los colegios en custodios de los celulares que los alumnos entregan y, por tanto, responsables frente a daños, pérdidas o robos. Al profesor se le asigna nuevamente un papel que no le corresponde: supervisor de la entrega y custodio de objetos de valor, aun cuando no le provean de un armario o candado para protegerlos. Pero ¿qué ocurre si un alumno se niega a entregar el celular, lo esconde o reincide deliberadamente? Volvemos al mismo problema: directores atados de manos, con obligaciones crecientes y escasa autonomía para actuar frente a conductas reiteradamente transgresoras.

A los directores les urge tener herramientas efectivas para lidiar a criterio con las transgresiones, el bullying, la violencia reiterada, el acoso, las amenazas y otras conductas que hacen imposible una convivencia tranquila y respetuosa.

Eso fue lo que el ministro José Antonio Chang prometió después del grave caso del Liceo Naval: recuperar autoridad y permitir medidas escalonadas según la gravedad de las faltas.

Esa prometida reforma sigue esperando. Ojalá no ocurra un hecho dramático para que el Minedu diga que la reforma “ya viene” o para que ésta llegue nuevamente burocratizada.