Las instituciones de la justicia se han convertido en instancias donde se dirimen controversias políticas y rivalidades profundas lo que desestabiliza el estado de derecho. El ámbito para el debate y la pugna ideológica y política es el Parlamento que tiene la última palabra en las disputas de poder que alcanzan a altas autoridades como la fiscal de la Nación y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lamentable que la titular del Ministerio Público haya sido involucrada, no acusada, de ser presunta dirigente de una organización criminal. Palabras mayores usadas ligera e irresponsablemente. No existe prueba que la incrimine, pero se recurre al pantallazo de un chat de Whatsapp para exhibir conversaciones de un asesor como prueba de su conducta irregular. Pero nadie responde por terceros. Y el valor probatorio de una evidencia digital depende de la pericia que establezca que no ha sido modificada. Los chats deben estar certificados. Mas aún, en tiempos de inteligencia artificial cuando es posible crear videos, audios y todo tipo de documentos, pasibles de falsedad por manipulación o modificación. Las pruebas del entorno digital podrían ser prueba indiciaria pero no definitiva. Para su validez jurídica la información que contiene debe mantenerse original, íntegra e inalterada. Esto se comprueba a través de un hash, algoritmo que extrae del interior del mensaje un código alfanumérico que cumple las veces de huella y permite comprobar si fue modificada. En los chats mediáticamente presentados aparece un solo interlocutor y su autenticidad no ha sido acreditada por pericia. Por tanto, la prudencia debería imponerse, pero lo que vemos es una precipitada suspensión de la Fiscal por la JNJ, que obedecería más a un sector de los intereses en pugna que a al debido proceso y a la presunción de inocencia.