Elegir magistrados del Tribunal Constitucional es una riesgosa atribución del Parlamento, su historia nos dice que tan importante es querer controlar o tener influencia en esta suprema instancia, que produjo el ilegal cierre del Congreso en 2019 por Martín Vizcarra, por absurda denegatoria fáctica de la confianza.

En 2021 el concurso se interrumpió por interferencia del Poder Judicial, mediante una írrita medida cautelar. En 2022 fue exitoso, aunque no exento de malas artes. Participé en los tres recientes, con privilegiada ubicación, sin llegar a la elección, en el último por un veto político de Ruth Luque.

Puedo dar testimonio del atropello a los postulantes en un evento de interés nacional y cómo el Congreso cubre apariencias. Forman una Comisión para cumplir tan alto encargo con miembros tan desinformados que ni siquiera entienden las respuestas. Ser congresistas no los hace juristas ni constitucionalistas menos aún politólogos.

Sus asesores no pueden ser siempre ventrílocuos o titiriteros, para impedir fallas de comprensión o conocimiento en materias que no tienen por qué saber. Pero sí están obligados a respetar derechos fundamentales y garantías de justicia. En este concurso 2023, Jose Elías Avalos, presidente de la Comisión Especial, renunció afirmando que no es posible elegir a un magistrado que deberá defender la ley, violando la ley.

Sabia actitud ante la ilegalidad flagrante. Me excluyeron usando un informe confidencial de la Contraloría con falsas imputaciones que desconocía y no pude contradecir o aclarar. En el segundo lugar, por méritos propios, quedé fuera, pero no callada.

La Comisión tiene todo el derecho de investigar y pedir informes, pero no puede usar, para su descalificación, imputaciones agraviantes y falsas. Pueden no elegir pero no injuriar. Toca al Parlamento detener un concurso viciado e ilegal que sin cumplir su objetivo agravia nuestra democracia y constitucionalidad.