Hay que reconocer los avances del Minedu. Los nuevos lineamientos de convivencia prometen devolver autoridad a directores y docentes, eliminar el SíseVe y permitir la separación definitiva de alumnos por faltas graves o reiteradas. Educar también significa poner límites y confrontar a los estudiantes y sus familias con las consecuencias de sus actos.

Pero aparecen contradicciones. ¿Se quiere directores autónomos o ejecutores de libretos ministeriales? La gradualidad de las sanciones tiene sentido; la aritmética disciplinaria, no. ¿Cómo equiparar tres faltas leves o tardanzas reiteradas con la posesión de sustancias prohibidas? ¿Por qué limitar toda suspensión a un número de días? ¿Por qué imponer una nota vigesimal de conducta?

Tampoco corresponde uniformar nacionalmente reglas sobre uñas, cabello, faldas, desconociendo diferencias culturales, proyectos educativos y contextos.

¿Y qué hace un director ante indicios fundados de armas o drogas escondidas en mochilas si el alumno se niega a colaborar? No puede responsabilizársele por la seguridad escolar sin darle garantías para intervenir. Entre ellas, confiar en su criterio.

La continuidad educativa del expulsado debe garantizarla el Estado, que también tiene que proteger a los directores y docentes frente a denuncias maliciosas, y evitar que el control posterior a una expulsión sustituya el criterio profesional del director. También habrá que vigilar que la nueva unidad de protección no reproduzca los controles del SíseVe.

No se puede proclamar autonomía mientras se reglamenta minuciosamente el ejercicio profesional del director.