El binomio de fuerza y legalidad que sostiene el Estado de Derecho está ausente en el Perú de hoy. La democracia vive uno de los peores momentos con sus instituciones tomadas, paralizadas o bloqueadas. La desconfianza se enseñorea en los peruanos que viven el drama de la supervivencia con el fantasma de la hambruna por desempleo masivo. Cuando más necesitamos de la Ley y el orden, tenemos un gobernante investigado por la Fiscalía de la Nación. Lo ronda la vacancia y la destitución por incapacidad moral. Su entorno familiar y amical más cercano ha fugado frente a las imputaciones de corrupción y es señalado como cabecilla de una organización delictiva. Nada menos. Y sin cumplir el año, la dinámica de su gobierno sigue siendo la inmanente y sistemática depuración. El costo de su permanencia es impagable. Caerán el presidente y la vicepresidenta, situación que colocará las decisiones cruciales en el Congreso. La más cercana es la elección de su Junta Directiva, cuyo presidente, podría ser el gobernante de transición para llamar a elecciones generales. No es cualquier designación. Nos permitimos coincidir con lo que muchos ya dicen, la mejor carta es Gladys Echaíz. Magistrada de limpia trayectoria y ostensible apego y conocimiento de la Ley. Notable fiscal de la Nación cuya vocación de orden, en un país agobiado por el desgobierno, la incapacidad y la anarquía política y social, es una esperanza. Pero también se habla de una carta inopinada que presuntamente afirmaría la gobernabilidad: Waldemar Cerrón. El contraste es enorme pero la idea circula con el oportunismo de algunas bancadas y nadie podría descartarla. ¿Más de lo mismo o algo peor? Al borde del abismo nadie apuesta, es momento del consenso por la mejor posibilidad. Imperativo pensar en el país.