Desde una concepción de ciudadanía plena que atraviesa todo el currículo, es fundamental enseñar y evaluar a los estudiantes para formarlos como buenos ciudadanos. Este propósito educativo transversal en el desarrollo del currículo contribuye a una formación integral a lo largo de la vida de la persona, con prosperidad en favor del desarrollo humano, económico y sostenido de los pueblos (PEN al 2036 - ODS 4 de las NNUU).

Por ello es necesario diferenciar civismo de ciudadanía. El civismo se refiere al conjunto de normas de convivencia que regulan la vida en sociedad dentro del Estado-Nación. Implica deberes cívicos como respetar las leyes, votar, cuidar los bienes públicos o valorar los símbolos patrios. Es una práctica formativa básica, ligada a valores institucionales, soberanía, autoridad, orden pertenencia y conciencia histórico-nacional.

La ciudadanía plena, en cambio, es una noción más amplia, dinámica y crítica. No se limita al cumplimiento normativo, sino que implica ejercer derechos civiles, políticos, sociales, económicos, de salud, de seguridad, culturales y ambientales. Supone una participación activa y transformadora en la comunidad, incluso más allá del Estado. Requiere inclusión real en los procesos democráticos y sociales en la diversidad. En la escuela, el hogar, la comunidad y las instituciones públicas se promueven expresiones fundamentales de convivencia ciudadana —democracia, derechos humanos, cuidado y seguridad de la vida, ética pública— en las que el civismo es parte de la ciudadanía plena.

A la luz de los recientes hechos que cuestionan el accionar de ciertos actores del sistema de justicia ,cabe preguntarse: ¿Todos los fiscales y jueces están realmente educando y construyendo ciudadanía y civismo?