Al presidente Pedro Castillo no le entran balas. Llegó al poder el año pasado promocionándose como un humilde profesor rural y campesino, pero ahora cree ser el dueño del Estado y sus recursos, que en verdad son de todos los peruanos. El domingo último ha dicho que seguirá usando los aviones militares que se le asignan en sus viajes supuestamente de trabajo, para llevar en ellos incluso a sus parientes que no cumplen ninguna función oficial.
Desde hace más de una semana los peruanos hemos sabido, más allá del caso del misterioso pasajero llamado “Lay Vásquez Castillo” que abordó el avión presidencial con un DNI falso, que muchos de estos vuelos sirven para movilizar a parientes del mandatario, especialmente a los sobrinos que nadie sabe qué función oficial realizan, por lo que si necesitan viajar, bien podrían hacerlo pagando pasajes con su propio dinero, como lo hace cualquier ciudadano de a pie que no tiene a un tío como presidente.
El domingo, el jefe de Estado ha dicho, en otras palabras, que esta situación irregular que ha sido denunciada y conocida por todos los peruanos, le interesa un pepino, pues seguirá llevando de paseo a sus parientes. ¿La razón? Nadie la sabe. Pero los sobrinísimos no son los únicos personajes que suben a los vuelos del mandatario sin un motivo oficial. Ayer hemos señalado en Correo Lima que en 24 ocasiones ha estado presente Henry Shimabukuro, un asesor en la sombra del mandatario.
Este personaje ha sido visto en Palacio de Gobierno y tiene en sus manos temas de inteligencia y seguridad nacional, aunque jamás ha sido nombrado formalmente en algún cargo. ¿Qué trabajo hace?, ¿a quién le rinde cuentas?, ¿quién lo fiscaliza?, ¿a cambio de qué hace esta labor? Todo esto es un enigma que el Congreso debería tener en la mira para que más adelante no haya sorpresas, especialmente si tenemos un presidente que suele rodearse de gente impresentable y hasta con problemas con la justicia.
Es evidente que el presidente Castillo hace lo que le da la gana porque sabe que nada le va a pasar, al menos mientras esté en el cargo. Tiene un Congreso infectado de tránsfugas y de “niños” que no alcanza los votos para echarlo por incapacidad moral permanente, para lo cual hay argumentos de sobra, mientras que en el ámbito judicial el Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, está atado de manos respecto a su accionar frente al jefe de Estado. Es un rey al que nadie puede tocar, por ahora.