El Gobierno vuelve a jugar con la ambigüedad política en uno de los temas más sensibles para la institucionalidad democrática del país: un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, hoy encarcelado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Lo preocupante no es solo el cambio de discurso del mandatario José María Balcázar, quien meses atrás descartaba tajantemente esa posibilidad y ahora sostiene que “depende de que presente su solicitud correspondiente”. Lo grave es que el Ejecutivo parece estar preparando el terreno político y mediático para justificar una decisión que carece de sustento jurídico.

Cuando un presidente deja abierta la puerta a beneficiar políticamente a quien atentó contra el orden constitucional, el mensaje que transmite es sumamente peligroso. Estamos hablando de un exmandatario que intentó quebrar el sistema democrático, cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar al margen de la Constitución.

Además, no puede ignorarse el contexto electoral que vive el país. La eventual liberación de Castillo tendría inevitablemente un impacto político y simbólico en determinados sectores del electorado. Por ello, cualquier movimiento en esa dirección podría interpretarse como una operación política impulsada desde el poder, vulnerando el principio de neutralidad que el Gobierno debería preservar en tiempos electorales.