La declaratoria de emergencia en las provincias liberteñas de Trujillo y Pataz parece más la atención al capricho del socio político César Acuña, que maneja el Ministerio de Salud a través del ministro César Vásquez, que una decisión técnica basada en una estrategia que permita alcanzar la ansiada paz en esa zona del país agobiada desde hace por lo menos década y media por mafias dedicadas a la extorsión, el sicariato, la minería ilegal con todos los delitos conexos que genera, y secuestros con torturas y asesinatos.
Lo señalo porque hace pocas semanas, al momento de pasar irregularmente al retiro al general PNP Jorge Angulo y sacarlo del cargo de comandante general de la Policía Nacional, el propio gobierno admitió que los estados de emergencia ordenados por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado en algunos distritos, no habían servido para reducir la criminalidad, para luego cargarle la responsabilidad al mencionado oficial que ahora está gestionando su reincorporación por la vía judicial.
Si no sirven, para qué entonces se recurre nuevamente a los estados de emergencia. Quizá fue solo porque lo pidió el socio Acuña, como si el caballero fuera un gran estratega en la lucha contra la criminalidad, cuando el año pasado el Gobierno Regional de La Libertad a su cargo, no gastó ni un centavo para hacer frente a la violencia que está fuera de control desde hace mucho tiempo. ¿Así se manejan las cosas en el Poder Ejecutivo? ¿Dónde están las evaluaciones técnicas de los expertos?
De otro lado, con el anuncio del estado de emergencia, se ha indicado que en la provincia de Pataz, hoy tomada por la minería ilegal que ningún izquierdista ni ambientalista cuestiona, serán las Fuerzas Armadas las que tendrán a cargo la seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional. Suena bien, pero sería positivo saber si los políticos que han tomado la decisión de mandar tropa con fusiles de guerra se harán responsables si es que hay fallecidos y muertos por el uso de estas armas que no son para ponerlas delante de civiles.
Es urgente tomar medidas contra la criminalidad y en especial en La Libertad, pero estas acciones no pueden darse ante el capricho de ciertos personajes que quieren salvar su responsabilidad colocando soldados en las calles de Trujillo y en las zonas alejadas de Pataz. Un Poder Ejecutivo no puede ceder ante las presiones en lugar de trabajar con responsabilidad y profesionalismo para hacer frente a lacras que estos momentos se deben reír mucho al ver cómo el Estado les sigue lanzando fuegos artificiales.