Roberto Sánchez anunció que elevaría la remuneración mínima a S/ 1,500. Según afirmó, su equipo económico —liderado por Pedro Francke— tendría la capacidad de sustentar la “viabilidad técnica, económica y presupuestaria” de la propuesta. La pregunta es inevitable: ¿conocen la capacidad de pago y los presupuestos de miles de empresas peruanas? Más allá de la cifra, el problema de este tipo de anuncios es la enorme irresponsabilidad con la que se manejan las expectativas de la población. Prometer aumentos salariales desde la política, sin explicar cómo se elevará la productividad o cómo responderán las empresas, termina generando falsas expectativas en los trabajadores e incertidumbre en quienes generan empleo.

El Perú no es un país cualquiera. Más del 70% del empleo es informal. En ese enorme segmento del mercado laboral, las normas simplemente no se cumplen. El trabajador informal no verá incrementado su ingreso porque el Gobierno así lo determine. Y si el incremento excede la capacidad de pago de muchas empresas, especialmente micro y pequeñas, el resultado podría ser menos empleo formal y menores ingresos familiares. Julio Velarde ha advertido reiteradamente que la productividad en el Perú sigue estancada por exceso de burocracia, mala infraestructura y baja calidad educativa. Sin inversión ni estabilidad, los salarios no mejoran. Quizá por eso no sorprende que Pedro Francke, hoy en el equipo económico de Sánchez, sea el mismo que alguna vez dijo que ciertos ingresos “le pican el ojo y le hincan el hígado”. El problema es que la economía no puede manejarse desde el resentimiento ni desde consignas ideológicas, sino desde la evidencia.