El Congreso sigue adelante, a un ritmo frenético, con su producción de leyes y reformas constitucionales. Sin detenerse a tomar un respiro, ha vuelto a modificar la Constitución Política del Perú. Recientemente, se aprobó la reelección de gobernadores regionales y alcaldes, incluyendo un texto sustitutorio que elimina los movimientos y agrupaciones regionales. Esta última modificación ha generado una gran polémica en el país. Muchos aseguran que es una maniobra de los partidos que controlan el Congreso para eliminar a la competencia en las próximas elecciones de los gobiernos subnacionales.

Independientemente de si se está a favor o en contra de esta medida, es evidente que el proceso se ha manejado de manera inadecuada. Sin un proyecto concreto y sin el correspondiente análisis en la Comisión de Constitución, el Pleno del Congreso introdujo de manera súbita la disposición que limita la participación en las elecciones regionales y municipales a los partidos de alcance nacional.

Los argumentos para prohibir la participación de los movimientos regionales, son discutibles. Sin embargo, el problema mayor radica en que esta decisión no fue debatida ni aprobada previamente en la Comisión respectiva. La falta de un debate adecuado y transparente no solo socava la legitimidad de la reforma, sino que también pone en entredicho la democracia participativa del país. Es fundamental que las reformas constitucionales se realicen con un alto grado de consenso y transparencia, asegurando que todas las voces sean escuchadas y consideradas.