La delincuencia amenaza en las calles y en los hogares. El nivel de violencia es inaceptable y la angustia colectiva se exacerba al punto de exaltar los beneficios en seguridad del plan del gobernante salvadoreño Nayib Bukele. Estamos dispuestos a ceder en derechos y libertades a cambio de la seguridad que nos permita respirar tranquilos. La delincuencia ha puesto en jaque la eficacia de la justicia y de las instituciones policiales, la marginalidad está ganando la batalla y se plantea sacrificar algo de legalidad para librarnos de las plagas delictivas que nos azotan. Se dice que el plan Bukele funciona y es todo lo que necesitamos. Lo primero es el derecho a la vida y está en riesgo, la podemos perder por impedir que nos roben un celular. Parece fácil y de poco costo, pero el precio puede ser enorme si aceptamos la arbitrariedad y el autoritarismo que viene con dicho plan al ser una solución desesperada que arrasa con los derechos de los presuntos culpables. Y si los arrestados violentamente no fueran miembros de bandas criminales, no tendrán derecho al debido proceso ni a la rectificación del posible error policial o judicial. No habrá garantías y se le condenará de manera sumarísima porque la presunción de culpabilidad se impondrá dejando de lado los principios de un estado constitucional de derecho al que aspiramos para obtener, dentro de la ley, la seguridad y las garantías que da la democracia. Si dejamos de lado la presunción de inocencia con ella se va el respeto al esquema constitucional de la justicia dentro de un estado de derecho y daremos la bienvenida a poderes de facto que irán creciendo por la permisividad. Necesitamos fortalecer la democracia y sus instituciones, no debilitarlas. Cuidado.