El Congreso aprobó ayer un proyecto de ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2022, generando una nueva polémica de grandes proporciones en el país.

La controversia se centra en la naturaleza de los delitos de lesa humanidad, que tradicionalmente han sido considerados imprenoscriptibles debido a su gravedad y al impacto profundo y duradero en las víctimas y la sociedad en general. La decisión del Congreso de establecer un límite temporal para la persecución de estos crímenes ha sido recibida con críticas tanto a nivel nacional como internacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su oposición a esta norma y ha solicitado que se adopten medidas para revertirla. Este organismo sostiene que la imprenoscriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es un principio fundamental para garantizar justicia y evitar la impunidad.

Sin embargo, en medio de este debate, es esencial recordar la importancia de ser respetuosos con el estado de derecho y la independencia de poderes. La decisión del Legislativo es un ejercicio de su función normativa y debe ser acatada en el marco del orden constitucional del país. El respeto por las instituciones y sus decisiones es un pilar fundamental para la estabilidad y el funcionamiento de una democracia. Cualquier intromisión debe ser debe ser rechazada.