Las presuntas irregularidades en las llamadas “actas 900 mil” ha generado una ola de huachafería étnica. Los cuestionamientos a estas tienen varios trasfondos como que su ubicación en zonas alejadas del país pudo haber permitido una adulteración en muchos casos reflejada en porcentajes de votación demasiado altos para Roberto Sánchez, el llenado con el mismo puño gráfico de actas distintas o que los electores no hayan pertenecido al centro poblado correspondiente.

La ONPE ha contribuido a este desmadre. Primero dijo que esas mesas estaban en lugares alejados del país y que allí podía votar cualquiera. Después, se corrigió el mensaje con la aclaración de que sí existía un padrón y se conoció que las “actas 900 mil” están presentes en diversos distritos de Lima. ¿Total?

En cualquier caso, es un aspecto que urge de una auscultación especial del JNE, técnica e irrebatible, que demuestre que las sospechas válidas que el conteo de estas actas han merecido no tienen asidero.

¿Puede aclarar este tema una auditoría? En realidad, lo que la denuncia amerita es que se tome una muestra estratificada en la que, de forma transversal, se comparen el acta, los votos físicos emitidos y la digitalización de los mismos. Osea, la trazabilidad de toda la secuencia. Una muestra puede ser suficiente, ¿es tan difícil procesarlo?

Lo que no se puede hacer es invalidar la sospecha con el argumento pueril, huachafo y ridículo de que se busca desconocer el voto “de los más pobres del Perú”. Es un mensaje ruin. Precisamente porque ese voto debe ser respetado y tomado con total seriedad es que no puede quedar rastro de dudas de su contabilidad. El argumento facilista de los que se atribuyen el patrimonio de la sensibilidad social ha vuelto a quedar expuesto, una vez más, de forma abyecta.