En el mundo actual ya no bastan los discursos, las promesas ni las buenas intenciones. Todo se mide por resultados. A los gobiernos se les evalúa por su capacidad de resolver problemas, a las empresas privadas por su rentabilidad y a los ciudadanos incluso por su productividad. Sin embargo, parece existir una excepción permanente en el Perú: Petroperú. Una compañía que lleva años acumulando pérdidas, sobreviviendo gracias al dinero de todos los peruanos y que, pese a sus constantes fracasos financieros, continúa recibiendo salvatajes como si se tratara de un barril sin fondo.

Desde el 2013, distintos gobiernos han destinado alrededor de 32 mil millones de soles para intentar mantener a flote a Petroperú. Pero los resultados son fatales. En cualquier economía competitiva, una empresa con semejante historial habría sido reestructurada o privatizarla. Aquí ocurre lo contrario. El Estado insiste en prolongar artificialmente la vida de una empresa quebrada, mientras hospitales, colegios y carreteras siguen esperando recursos que sí podrían transformar la vida de millones de ciudadanos.

Ahora, contra toda lógica, el Gobierno aprobó un decreto de urgencia para facilitar 2 mil millones de dólares adicionales para Petroperú. La estrategia es acceder a un préstamo de la banca internacional. La realidad es mucho más simple y preocupante. Si Petroperú no puede cumplir con sus obligaciones, será finalmente el Estado quien asuma la deuda a través del Ministerio de Energía y Minas. Es decir, otra vez los peruanos terminaremos pagando la factura.