Muy preocupante haber tomado conocimiento esta semana de dos intentos graves de socavar la institucionalidad del país: lealtad de Fuerzas Armadas a la patria y la institución militar, así como la autonomía técnica de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Respecto del primer caso, investigaciones periodísticas señalan que el ministro de Defensa y Palacio de Gobierno habrían intentado intervenir en los ascensos militares para beneficiar indebidamente a personas allegadas al presidente. Ante la denegatoria de los comandantes generales de acatar lo pretendido, se les pasó al retiro tan solo tres meses luego de ser nombrados. Importante resaltar que las Fuerzas Armadas deben lealtad a la patria y a su institución militar, y no al presidente. Y ello es así porque tienen el deber de proteger nuestra democracia y hacer respetar la Constitución, incluso frente a eventuales intentos de ir en contra de las mismas por parte de las más altas autoridades.

En el caso de la ATU, se trata de una institución autónoma del poder político, que debe actuar técnicamente. Es autónoma para evitar que autoridades políticas como ministros cedan a infractores e ilegales y retrocedan en el interés ciudadano de lograr un transporte ordenado y seguro. Como parte de esa autonomía, su jefatura es designada por 5 años, y solo puede ser removida ante determinadas causales y no por voluntad del Ministro de turno. En este caso, el ministro habría ofrecido la jefatura de la ATU y buscado su remoción, vulnerando por tanto su autonomía y yendo contra los intereses ciudadanos.

Como sociedad civil debemos estar alertas para defender las instituciones. Son cimiento de la democracia y el equilibrio de poderes, de un clima de reglas de juego claras que atraigan la inversión -y por tanto los empleos-, y también de la actuación técnica del Estado en beneficio de las familias peruanas.

Solidaridad y reconocimiento a los excomandantes generales y a la jefa de la ATU, que en defensa de la institucionalidad no cedieron a los intentos señalados. Corresponde al Congreso y a la Fiscalía investigar estos graves hechos.