No es la primera vez que escribo sobre el trato injusto que el Estado peruano les da a los colegas maestros cesantes y jubilados de las leyes 20530 y 19990. Es penoso para los profesores en actividad escucharlos no querer jubilarse del servicio profesional a los 65 años.

¿Por qué? Debido a que si bien “la meritocracia magisterial” ha permitido incrementar a los educadores de la primera escala actualmente a 3300 soles y en noviembre a 3500 soles –con incrementos adicionales según las escalas a las que han ascendido–, resulta que el período del retiro activo de la profesión resulta una afrenta a la docencia porque sus haberes, en la mayoría de casos, no supera ni siquiera los mil soles.

¿Qué sentido tiene la Carrera Pública Magisterial basada en evaluaciones y méritos con esta lamentable situación salarial? Lo grave es que esto no se da con otras carreras del Estado que inclusive reciben haberes paralelos completos como autoridades en actividad y en retiro. Es más, no me extraña que altos directivos del Ministerio de Economía y otros –que tienen una planilla dorada de hasta 25 mil soles– se estén oponiendo a esta iniciativa plausible de la Comisión de Economía del Congreso, que es justo decir ha sido impulsada por Lucio Castro, secretario general del SUTEP, y congresistas como Flor Pablo, Jorge Marticorena, Karol Paredes y Flavio Cruz.

Lo que queda es que el Minedu, pero sobre todo el MEF y el Ejecutivo, sean sensibles y justos, y atiendan a miles de docentes que han dado su vida a la educación del Perú. Ojalá la Comisión de Presupuesto del Congreso no se haga la desentendida y el Pleno actúe con justicia. ¡Justicia para los maestros cesantes y jubilados!