Nuestro país se debate entre la corrupción, la criminalidad y una justicia que no da la talla para sancionar a los infractores de la ley. Es un desafío complejo que requiere la colaboración de toda la sociedad, gobierno, sociedad civil y sector privado. La clave es la mayor transparencia y la rendición de cuentas de quienes tienen el poder y la responsabilidad. Lograr la información relevante, accesible para que los ciudadanos puedan supervisar las actividades gubernamentales y corporativas. Fortalecer las agencias anticorrupción, los tribunales y las unidades de flagrancia que necesitan recursos, independencia, autoridad y capacitación para investigar y procesar casos de manera efectiva. Cuando la presidenta Boluarte toma juramento a sus ministros y agrega absurdamente la frase “sin incurrir en actos de corrupción” solo agravia a quienes no tienen por qué aparecer como potencialmente imputados sin jamás haber incurrido en ella. No es por ahí donde está la garantía de la lucha contra la corrupción. Necesitamos una educación que promueva una cultura de integridad, ética y responsabilidad desde una edad temprana. La sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones educativas tienen un papel crucial en ello. A lo que se agrega el empoderamiento ciudadano para que todos participen en la supervisión y el control del gobierno a fin de prevenir y detectar actos de corrupción, en especial vigilar la gestión de los recursos públicos. Junto a ello un sistema judicial independiente, imparcial y eficiente. La reforma de la justicia es un ideal que a pesar de años de plantearse no llega a buen puerto. El Ministerio Público ha perdido la confianza de la sociedad y requiere una refundación para garantizar que los corruptos sean investigados, enjuiciados y sancionados y que el país, que es la víctima, reciba justicia.