Desde que fracasó su intento de dar un golpe de Estado y adueñarse del Perú, Pedro Castillo, sus abogados y sus escuderos políticos han dicho que su infame mensaje al país del 7 de diciembre de 2022 fue solo una “proclama” que no iba a concretarse en acción alguna contra la democracia.

Sin embargo, el dominical Contracorriente ha mostrado el borrador del decreto ley –sí, decreto ley como se usa en toda dictadura– con el cual se iba a dar forma “legal” a lo que anunció Castillo ese día. El documento está en manos de la Fiscalía de la Nación.

En otras palabras, no solo fue un “discurso” o una “idea suelta”, pues el golpista y sus cómplices ya tenían redactada “la norma” con la que se concretaba el cierre del Congreso, la toma del sistema de justicia y hasta la convocatoria a elecciones legislativas para seis meses después. ¿Cuál era el amparo legal? Ninguno.

Con el documento queda claro, además, que Castillo, un hombre de probadas limitaciones profesionales, académicas y políticas, no pudo redactarlo solo. ¿Quiénes fueron sus secuaces? ¿Por qué siguen libres los exministros implicados en este intento fallido de acabar con la democracia?