En su estudio La próxima década de acción para la integridad pública en América Latina y el Caribe (2026), la OCDE destaca al Perú por exigir oficinas de Integridad Institucional en todas las entidades públicas. Si bien es un avance, la formalidad no garantiza, por sí sola, contar con instituciones íntegras.

El desafío no es solo implementar el Modelo de Integridad, sino lograr que quienes dirigen las entidades públicas asuman el reto como una responsabilidad de su función directiva. No es casual que el primer componente del modelo sea el “Compromiso de la Alta Dirección”.

El marco normativo encarga a la Alta Dirección identificar decisiones que pueden comprometer la reputación o la integridad institucional y recibir asesoramiento de la oficina de integridad. Sin embargo, ¿cuenta con herramientas para hacerlo?, ¿cómo asesorarse si no logra identificar cuándo hacerlo?

Si el titular no reconoce dónde se pone a prueba su liderazgo ético, nadie convoca a nadie; y una oficina subordinada difícilmente puede exigir que la incorporen. Abrir el espacio no basta: es indispensable formar a quienes deben valorar su aporte.

Por ello, esta tarea no puede recaer en las oficinas de integridad, sino en la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública. Debesensibilizar y formar a la Alta Dirección, empezando por los titulares de los sectores ygobiernos subnacionales.

El Modelo de Integridad no es solo un mero trámite administrativo con respaldo normativo, sino que debe tener un liderazgo de gestión y político efectivo. Las oficinas pueden promover la integridad, pero quienes la dirigen deben convertirla en prioridadde gobierno. El Perú ya cuenta con una arquitectura institucional reconocida por la OCDE. Ahora debe convertirla en liderazgo efectivo, empezando por arriba.