La demora en el juzgamiento de la corrupta confesa Susana Villarán no solo la beneficia a ella, pues mientras espera que su caso se mueva goza de libertad y hasta de baños de piscina con vista al mar. También es un salvavidas para Rutas de Lima, a cargo de los peajes negociados con la Municipalidad de Lima con pago de coima de por medio, pues mientras no haya una sentencia contra la exalcaldesa, no habrá posibilidad de dejar sin efecto el contrato con la concesionaria que aún tiene a Odebrecht entre sus accionistas.
Al no haber aún sentencia contra Villarán y sus exfuncionarios, cualquier intento por revocar el contrato con Rutas de Lima será un vano esfuerzo, pues la Municipalidad de Lima no tendría cómo demostrar formalmente que, en efecto, hubo sobornos de por medio, tal como lo ha admitido la propia Villarán en mayo de 2019, cuando su exgerente municipal José Miguel Castro se convirtió en colaborador eficaz y a la señora no le queda otra que aceptar públicamente su delito.
Y mientras no haya forma de acabar con la concesión por la causal de corrupción que consta en el contrato, los limeños seguirán pagando los peajes negociados con plata bajo la mesa. Entonces, la demora en la sentencia firme contra la exalcaldesa Villarán, que le permite bañarse en la piscina de su casa porque nadie ha pedido prisión preventiva contra ella como sí lo han hecho con otros investigados y procesados por corrupción, afecta día a día al bolsillo de los limeños.
Por eso, habría que preguntar a fiscales y jueces por qué vienen demorando tanto con el proceso a la señora, lo que afecta a millones de ciudadanos. Ella misma ha confesado su delito públicamente, aunque su abogada, quizá por estrategia, diga lo contrario a través de un comunicado difundido ayer, en el que trata de justificar el llamado “piscinazo de la impunidad” y encima tiene el desparpajo de calificar “injusta” la prisión preventiva que su patrocinada tuvo por apenas un año.
El caso de Villarán es una muestra más de cómo el sistema de justicia es severo y ágil con unos, y blando y displicente con otros, incluso cuando han admitido delitos. Más allá de volver a darle prisión preventiva a Villarán como se ha hecho con otros, lo que urge acá es una sentencia firme, algo que sin duda tardará unos años más en que mientras tanto, nos seguirán cobrando los peajes aceitados con los dólares sucios usados para la campaña contra la revocatoria del 2013. Todo mal.