Hasta hace algunos años, la salud mental de los peruanos y peruanas era un tema postergado en la discusión pública nacional. Hoy ya no es así. Muchos ya entienden la importancia de una atención integral, digna y libre de prejuicios. Más aún, la emergencia del Covid-19 nos ha terminado de mostrar la urgencia con la que este tema debe ser también priorizado por el Estado para consolidar los grandes avances con políticas de salud mental comunitaria, un enfoque alternativo al modelo obsoleto que condenaba a muchos pacientes a vivir en el olvido social.

Pero el apoyo a la salud mental tiene que ir más allá de declaraciones. Necesita de un compromiso serio que permita contar con los recursos suficientes para alcanzar las importantes metas trazadas en lineamientos y planes ya vigentes. Sin embargo, esto no viene sucediendo.

Para el 2021, está previsto que la Dirección de Salud Mental del MINSA sólo reciba 141 millones de soles, una tercera parte del monto que solicitó para cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021. Este enorme déficit implicaría, entre otras cosas, que se dejen de implementar 395 servicios de salud mental en centros de salud, 50 centros de salud mental comunitaria, 13 unidades de hospitalización, 118 hogares protegidos y 12 nuevos módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud.

Ante esto, es primordial que desde el Congreso de la República asumamos decididamente esta causa, con el fin de que los mencionados servicios logren ser ampliados y los ya existentes fortalecidos. Esta emergencia también es de salud mental.