La pensión vitalicia que, gracias a la anuencia del Congreso, a partir de ahora todos los peruanos pagaremos al expresidente Alberto Fujimori es una falta de respeto a la ciudadanía y un respaldo a alguien que, al verse descubierto en la corrupción y demás delitos en los que estaba inmerso, no solo renunció a la Presidencia desde el exterior, sino que trató de postular al Senado japonés para evitar ser extraditado al Perú.

Por más que los acólitos del fujimorismo digan lo contrario, y esa sea la estrategia esgrimida por su defensa para solicitar la pensión, Alberto Fujimori es un indultado, no ha sido declarado inocente y, por lo tanto, sigue siendo un condenado que cae dentro de los impedimentos de la Ley  26519, firmada por el propio exmandatario en 1995, cuyo Artículo 2 sostiene que la pensión presidencial “queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional salvo sentencia judicial que los declare inocentes”.

No solo no es inocente sino que Fujimori tampoco ha pagado la reparación civil que se le impuso al ser declarado culpable, entonces ¿por qué debería recibir su pensión completa?

Si Fuerza Popular y Keiko Fujimori quieren sacrificar a un anciano sometiéndolo a una campaña electoral es problema de ellos, pero tratar de que cobre del Estado sin que haya cumplido primero, es un total despropósito. Esperemos que esta situación sea evaluada y revertida.