El anuncio de un paro de transportistas en Lima y Callao vuelve a encender las alarmas en una capital asfixiada por la criminalidad. Walter Carrera, vocero de Asotrani, justificó la medida por el incremento de extorsiones y asesinatos de choferes, una tragedia que golpea a diario a quienes sostienen el transporte público y de carga en el país. La protesta busca llamar la atención del Gobierno y exigir acciones firmes frente a la violencia que se ha vuelto parte del paisaje urbano. Sin embargo, la amenaza de un nuevo caos en las calles también pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad. Una cosa es reclamo y otra prédica de odio.

A ello se suma la convocatoria de una marcha nacional impulsada por la llamada Generación Z bajo el lema “por la vida y la justicia”. Los jóvenes exigen respuestas inmediatas frente a la criminalidad, mostrando un hastío que ya no distingue edades ni sectores sociales.

Pero el descontento, por legítimo que sea, no puede convertirse en excusa para cruzar la frontera de la legalidad. Subvertir el orden, paralizar la ciudad o generar episodios de violencia solo agrava la crisis y debilita aún más al Estado de derecho. La seguridad no se recupera desde el caos ni desde la anomia, sino desde instituciones que funcionen y ciudadanos comprometidos con la democracia. Si el país quiere salir de este espiral de miedo, debe exigir resultados al Gobierno, sí, pero también evitar que la desesperación abra espacio a la desestabilización.