Que las encuestas electorales son utilizadas como medio de propaganda política, ya se sabe. Con eso se alienta el apoyo a unos y se desalienta el respaldo a otros y, lo peor, se utiliza de pretexto por muchos medios para darle solo cabida a aquellos que supuestamente las lideran.

Es necesario hallar un antídoto para que no se sorprenda a la sociedad. Más aún cuando la credibilidad de algunas de esas casas encuestadoras no es óptima.

Si analizamos el resultado que proyectaron las encuestas publicadas faltando 8 meses para las elecciones anteriores, y se comparan con el resultado de la votación, la diferencia es abismal en todas y en todos los procesos llevados a cabo desde el proceso las elecciones posteriores al 2000.

Por ello, es justo alertar a cada momento a quien lee las encuestas del grado de exactitud que ellas tienen de cara a lo que de verdad pasó en las elecciones.

Por eso planteo una ley que establezca que las encuestadoras a la par que presentan la ficha técnica de la encuesta que realizan señalen paralelamente cuáles fueron las proyecciones que hicieron como resultado de sus preguntas y cuál fue el resultado final en el anterior proceso.

La fórmula que encabece la presentación o que vaya al final de la misma, pero de manera igualmente destacada, debe ser la siguiente:

“XXX” deja constancia que 8 meses antes de la anterior elección sus resultados fueron estos y que el resultado final de la elección fue este:

De ese modo, todos estarán alertados y los encuestadores se cuidarán de no sumar puntitos por simpatías, estímulos o pareceres a favor de tal o cual candidato para que les sirva de propaganda.

Los electores podrán directamente comparar el nivel de acierto y juzgarán si vale la pena creerles.